El gobierno de Xiomara Castro declaró un toque de queda en la ciudad de Choloma y puso a la Policía Nacional a cargo de las cárceles
Dos integrantes de la banda que ejecutó una matanza de 13 personas en un bar de Choloma, la tercera mayor ciudad de Honduras, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, según informó oficialmente vía Twitter el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez.
“Hemos capturado a dos miembros más de la Pandilla 18, que participaron en muerte múltiple de Choloma. Se incautó una (subametralladora) mini Uzi y una pistola calibre 45 milímetros”, indicó el ministro. “Con estos, ya son 3 los autores materiales detenidos por este lamentable incidente. Recuperaremos la paz que los hondureños merecen”, agregó.
El funcionario explicó que, tras una serie de allanamientos en el sector de la colonia Jerusalén, en el municipio de La Lima, tuvo lugar la detención de los dos presuntos implicados, a quienes además se le encontraron municiones y droga, en dosis, lista para su distribución. La Policía Nacional había atrapado el dia anterior al primer sospechoso del crimen, identificado como Gersón Javier Carías, alias “Bad Face”.
Escalada de violencia
La mayoría de los fallecidos en la barbarie del bar son operarios y mecánicos de la empresa Sitragsam, que festejaban el cumpleaños de uno de ellos, y también se identificó entre las víctimas a la presidenta del sindicato de esa compañía, Xiomara Cocas, y al hijo de ésta Eduard Meléndez. Según medios locales, hombres vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y fuertemente armados irrumpieron en el lugar y, sin mediar palabras, abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes. Otra versión citada por la prensa local afirmó que los atacantes, simulando una operación de fuerzas de seguridad, ordenaron a las personas a tumbarse boca abajo y luego les dispararon a las nucas.
A raíz de la masacre, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó un toque de queda en Choloma, que rige en principio por dos semanas. La medida se replicará a principios de julio en la vecina San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, al tiempo que ofreció una recompensa equivalente a unos 32.000 dólares para quienes den información que conduzca a la captura de los responsables de los asesinatos de Choloma y de una reciente decena de muertes en San Pedro Sula.
La jefa del Estado advirtió que ordenó poner en marcha la operación “Candado Valle del Sula”, consistente en “múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes durante las 24 horas”. El operativo está a cargo del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien asumió luego de que Castro relevara a su antecesor después de que 46 reclusas murieran un día antes en un enfrentamiento entre las dos mayores organizaciones criminales que actúan en el país: la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que la matanza de Choloma y el enfrentamiento en la prisión de Támara están relacionados.
Las políticas de Xiomara Castro
Joaquín Mejia, abogado hondureño especializado en derechos humanos, plantea que el problema de la violencia en Honduras no es nuevo, aunque también hay que reconocer que en los últimos años se redujeron los índices de homicidios, según el Observatorio de la Violencia. Sin embargo, indica que esto es una burbuja que tarde o temprano iba a explotar: “Esta reducción puede ser temporal debido a un enfoque restrictivo en el abordaje de la seguridad, que se centra en la intervención policial y militar, sin abordar las causas subyacentes de la violencia. Además, la reorganización del crimen organizado después del desmantelamiento del cartel de Juan Orlando Hernández llevó a un resurgimiento de la violencia”, señala. “Es importante reconocer que el crimen organizado también está infiltrado en las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual es un grave error por parte del gobierno actual en su enfoque de seguridad y sistema carcelario”, aclara.
El abogado también explica que hay una especie “bukelización” del abordaje de la seguridad ciudadana en Honduras. “El gobierno de Xiomara entiende que el discurso de derechos humanos es legitimador y por tanto no hace lo de Bukele. Hay más bien un discurso favorable y de apertura de transparencia que ha sido llamado para que las organizaciones y los espacios de sociedad civil puedan vigilar lo que se está haciendo”, destaca Mejía.
En lo que respecta al papel de los medios de comunicación, Mejia explica que en Honduras hay una “oposición enfermiza”, en el sentido que cualquier medida gubernamental es criticada. “Incluso medios de comunicación que uno considera serios, cayeron en la trampa de por querer ser ‘independientes’, se subieron al tren de esa oposición rancia que no reconoce ni el más mínimo avance o ni la más mínima cosa positiva.”
No obstante, señala que el gobierno comete errores en su comunicación y toma decisiones cuestionables, como involucrar a la policía militar, responsable de violaciones a los derechos humanos, en los centros penales: “La destitución de un ministro de seguridad respetado como Ramón Sabillón y el nombramiento de Sánchez, un director de la Policía Nacional con antecedentes de tortura debilitan aún más al gobierno y fortalecen a la oposición”, remarca. La semana pasada el gobierno anunció que a partir de mañana 1 de julio la Policía Nacional se hará cargo de las 21 cárceles del país por el período de un año.
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