Más de 40 intervenciones han solicitado cambios o el retiro del proyecto de ley
En vistas públicas este jueves, desde pasadas las 10:00 de la mañana, han expuesto más de 40 sectores, asociaciones, representantes y personas con un reclamo mayoritario: el rechazo total al proyecto de reforma fiscal que propuso el Gobierno.
La mayoría de las intervenciones en la tanda de debates se ha basado en sugerir cambios a la pieza o en pedir el retiro del proyecto de ley, pero ninguna ha apoyado totalmente la propuesta.
Muchos de los sectores que acudieron a la consulta pública reconocieron que el país necesita recaudar más fondos, pero condenaron la reforma fiscal y propusieron otros métodos con los que el Estado pueda obtener los recursos que necesita.
Por ejemplo, Virginia Antares, excandidata presidencial por el partido Opción Democrática rechazó la reforma, destacando que afectaría principalmente a los sectores más vulnerables al aumentar impuestos al consumo y propuso auditar la deuda pública para mejorar la transparencia.
Los representantes del sector de exportaciones expresaron su preocupación por el aumento de los costos que la carga tributaria traería y que, según dijeron provocaría que productos dominicanos pierdan competitividad internacionalmente. Pidieron que el desmonte de los incentivos sea gradual.
Mientras que Annerys Paulino, quien dirige la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) alertó sobre el impacto que la reforma fiscal tendría en la construcción de viviendas, con aumentos en los precios de materiales que se pasarían al de las viviendas, limitando así la adquisición de las casas de bajo costo.
Asimismo, Iris González, de la Asociación de Fabricantes de Vehículos, expuso que la reforma provocaría un aumento en los precios finales de los vehículos, por lo que afectará a ese sector «que ya paga los impuestos más altos de la región», por lo que propuso formalizar el sector para mejorar las recaudaciones.
A las vistas públicas también acudió Hans García, presidente de la Asociación Dominicana del Cine, quien destacó la importancia de la industria cinematográfica para la economía, generando empleos y beneficiando a las pequeñas y medianas empresas. Pidió que la reforma sea revisada para no afectar este «sector clave».
Mantener los incentivos
En el encuentro también estuvo Mario Pujols, el vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). El empresario solicitó mantener los incentivos vigentes a favor de su sector y que se sigan reconociendo los derechos adquiridos de las industrias.
David Llibre, de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, destacó que los incentivos «son esenciales» para mantener en pie al sector turístico del país y para lograr que la nación siga compitiendo internacionalmemte en materia hotelera.
Mientras que José Manuel Torres, de la Asociación de Zonas Francas, explicó que esos parques generan el 63% de las exportaciones del país, por lo que la reforma «pone en riesgo» estas inversiones al modificar exenciones que han sido clave para su crecimiento.
Piden reducir el gasto público
Una parte de las intervenciones también se enfocó en rechazar totalmente la reforma fiscal pidiendo que, en contraste, el Gobierno reduzca sus gastos en aspectos como la publicidad o las nóminas estatales.
Anyelo Vásquez, representante de la Antigua Orden, propuso que, en vez de aplicar la reforma fiscal, se debe eliminar los incentivos y financiamientos a partidos políticos y ONGs, además de sugerir que los funcionarios públicos no cobren su sueldo durante dos años como medida de austeridad.
De su lado, Rebeca Fiallo, representante de la clase media, criticó el aumento de impuestos «sin que el gobierno demuestre una reducción en el gasto público«. Señaló los altos costos de la ética gubernamental y otros gastos innecesarios.
Rosmery Bonifacio, de la junta de vecinos del sector El Renacimiento, denunció el mal uso de recursos públicos, como los altos sueldos y el barrilito, y pidió una mayor transparencia en la recaudación de impuestos antes de imponer más cargas a los ciudadanos.
Fuente DIARIO LIBRE
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