Investigaciones fiscales por lavado y enriquecimiento ilícito complican seriamente la situación de la presidenta Dina Boluarte. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizado en el marco de una investigación fiscal, revela ingresos no justificados de la mandataria por 1.1 millones de soles (298 mil dólares) y señala que esos ingresos podrían estar ligados al lavado de activos.
Por otro lado, información de sus bienes declarados registran un incremento no explicado de 117 mil dólares. Hace unos días, se puso en evidencia que la mandataria llevaba un costoso Rolex en presentaciones públicas –valorado en más de 19 mil dólares– y se reveló serían quince los relojes de lujo que tendría Boluarte, al menos tres de ellos Rolex. El origen de estos costosos relojes no ha sido explicado. La Fiscalía investiga cómo los adquirió en un caso por presunto enriquecimiento ilícito. En el Congreso se recolectan firmas para iniciar un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral. Ante las acusaciones contra la presidenta, los gobernadores regionales emitieron un comunicado rechazando la corrupción y exigiendo una investigación y sanción.
Se desconoce el origen de los relojes
En medio de un creciente escándalo, Boluarte se ha negado a responder sobre el origen de sus relojes de lujo y por las cuentas bancarias que la UIF investiga como posible lavado. No ha contestado las preguntas de la prensa diciendo que responderá ante la Fiscalía. En un breve mensaje, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, pretendió culpar de la crisis que envuelve al gobierno, a quienes denuncian la corrupción y exigen investigación. Dijo que las denuncias contra la presidenta crean “un ruido político que afecta significativamente la reactivación económica” y demandó acabar con “ese ruido”, es decir que no se siga denunciando. Pero no respondió a las acusaciones contra la mandataria. Y eludió por completo los temas de los relojes y las cuentas bancarias denunciadas por la UIF con las acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.
Adrianzén señaló, como si fuese una sentencia definitiva, que se descarta un desbalance patrimonial de Boluarte porque así lo dice un peritaje de parte, pedido por la propia presidenta. Si el mensaje del jefe del gabinete ministerial pretendía bajar el tono a la crisis, tuvo el efecto opuesto porque no respondió nada.
Ganancias incongruentes
La UIF ha revisado los ingresos de Boluarte desde agosto de 2016 hasta agosto de 2022. En ese periodo trabajó como empleada pública de mando medio y desde julio de 2021 fue vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En esos años, según el reporte de la UIF, Boluarte recibió cerca de 300 mil dólares en once cuentas bancarias, cuatro de ellas compartidas con otras personas. En ese periodo, Boluarte tenía un sueldo de 1200 dólares como empleada pública y después de 8 mil dólares como ministra. En esos años también fue tesorera de la campaña electoral del expresidente Pedro Castillo en 2021 y candidata sin éxito al Congreso en 2020 y a la alcaldía de un distrito de Lima en 2018. La UIF indica que la información económica declarada por la presidenta no sustentaría los montos recibidos en esas cuentas y advierte que estas operaciones financieras “podrían estar ligadas al delito de lavado”. La UIF también considera sospechosa la compra en 2018 de una camioneta en 25 990 dólares pagada por Boluarte con un depósito en efectivo. El informe indica que se desconoce el origen de dichos fondos.
Los funcionarios públicos están obligados a presentar declaraciones juradas de ingresos y bienes. En el rubro “otros bienes”, que no incluye viviendas y vehículos, Boluarte ha tenido un incremento que, según las autoridades que la investigan, no guardaría relación con sus ingresos. En julio de 2021, al asumir como vicepresidenta y ministra, declaró 160 415 soles (43 590 dólares) como “otros bienes”. Y en 2023, ya siendo presidenta, cargo que asumió en diciembre de 2022 luego de la destitución de Castillo, la cifra se elevó a 593 347 soles (161 235 dólares). Estas cifras se refieren a lo declarado por la propia Boluarte. En ese incremento no estarían los relojes de lujo descubiertos por la prensa, que no habrían sido declarados. Como presidenta, Boluarte gana 4 300 dólares al mes.
Tiene 49 muertes sobre sus espaldas
Boluarte tiene otra investigación fiscal por la muerte de 49 personas en la represión a las protestas contra su gobierno de fines de 2022 e inicios de 2023. En esas movilizaciones, en distintas regiones del país, las fuerzas de seguridad dispararon contra la población. Boluarte justificó, aplaudió y alentó esa represión. A pesar de la gravedad de los cargos, la derecha que controla el Congreso evitó su destitución por esta acusación en un proceso de vacancia presidencial promovido por la oposición de izquierda.
Ahora, esa derecha podría salvar nuevamente a Boluarte en el Congreso. Sin embargo, si el escándalo de corrupción sigue creciendo, la coalición autoritaria de restauración conservadora entre Boluarte y la mayoría parlamentaria podría quebrarse, no por un interés de sus aliados de derecha de enfrentar la corrupción, sino por su preocupación por el impacto que defenderla de esas denuncias podría tener en sus agrupaciones ya bastante desprestigiadas.
En sus declaraciones, algunos voceros de la derecha parlamentaria han intentado desmarcarse de la presidenta en este caso, pero no han respaldado el pedido de destitución en el Congreso. Más allá de lo que ocurra en un Congreso muy desacreditado –tiene 6 por ciento de aprobación– la investigación fiscal que compromete a Boluarte sigue adelante. Esta investigación tiene contra las cuerdas, sin capacidad de respuesta, a una presidenta con apenas ocho por ciento de respaldo.
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