Por Pedro Castro
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidió a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales que se abstenga de transferir los terrenos vinculados al supuesto fraude de 19 mil millones de pesos que involucra a funcionarios, personas físicas y jurídicas.
Con esa disposición en los terrenos pagados por el propio Estado, y usufructuo durantes años, se estaría afectando a más de 32 mil familias que serían beneficiadas con títulos definitivos en Punta y San Felipe de Villa Mella y en Cotuí, a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT).
Así quedó consignado en una comunicación enviada por Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, al entonces director general de Bienes Nacionales César Julio Cedeño Ávila, de fecha 3 de agosto y recibida el 5 de agosto de este año.
“Es de interés de la ProcuraduríaEspecializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que por el momento la Dirección General de Bienes Nacionales se abstenga de tal propósito, dado que tenemos una investigación penal abierta contra funcionarios públicos, personas físicas y jurídicas que maniobraron fraudulentamente para desfalcar el Estado dominicano a través de Bienes nacionales y otras instituciones públicas, mediante la modalidad de pagos por expropiación de terrenos”, precisa la comunicación, número Pepca: 2353-2022, firmada por Camacho, de la que El Nacional posee copia.
Los títulos de propiedad de terrenos que figuran a nombre de terceros deben ser transferidos a nombre del Estado, para el Gobierno continuar con el programa de políticas sociales de entrega de títulos definitivos.
Dice el director de la Pepca que su oposición al traspaso de los títulos es para evitar que las actuaciones que se proponen afecten la investigación de los hechos y el curso del proceso.
El funcionario del Ministerio Público fundamenta su petición en el artículo 12 de la Ley 133-11 que se refiere a la Colaboración. “El Ministerio Público podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la República para el cumplimiento de sus funciones, quienes están obligados a prestarla sin demora y suministrar las informaciones, documentos e informes que les sean requeridos.
El funcionario que se negare a prestar la colaboración requerida o entregar las informaciones, documentos e informes solicitados, incurre en obstrucción de justicia y será sancionado con las penas que dispone el artículo 188 del Código Penal”.
El Gobierno lleva a cabo un programa de titulación de terrenos propiedad del Estado, por lo que podrían quedar sin titular unas 32 mil familias ubicadas en terrenos ya pagados por el Estado citados en la Resolución de la Jueza Coordinadora de la Instrucción.
Los títulos han sido objeto de oposición a traspaso al Gobierno por la PEPCA este mes de agosto, actuación que además, pone al Estado en riesgo de demandas por más de 50 mil millones de pesos por el usufructo de esas propiedades.
La dirección de Bienes Nacionales realizó el levantamiento catastral de la Parcela 5 del Distrito Catastral 11 que cubre un tercio de la ciudad de Cotuí, en la que se encuentran la Gobernación, el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento, los estadios de béisbol, softbol, el liceo, el mercado, entre otros edificios públicos y más de 2,000 resultantes correspondientes a solares edificados a ambos lados de la avenida María Trinidad Sánchez que el entonces presidente Danilo Medina pagó a 700 pesos el metro cuadrado, no obstante que el índice de precios del catastro, según su página web, es de unos RD$ 2,500.00 el metro.
Otra propiedad afectada es la Parcela 1 en el Distrito Catastral No. 20 que tiene cientos de títulos, adquirida mediante contrato de fecha 4 de febrero del 2020, en Villa Mella, por la Administración anterior, que cubre los barrios Punta Villa Mella y San Felipe, asentados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) en una lotificación privada hace años.
El traspaso de ambas propiedades al Estado para ser distribuidas a los particulares que el Gobierno puso en posesión, se produce en ocasión del Oficio 3 PEPCA 2353-2022, de fecha 3 de agosto del 2022 de la PEPCA, en que se opone a que dichas propiedades pasen al Gobierno para así justificar que están intransferibles, lo que afecta a decena de miles de personas, sin necesidad.
Mantener esas propiedades a nombre de sus propietarios originales, que ya entregaron los títulos al Estado puede generar que por cualquier litigio entre particulares, el Gobierno las pierda y por el otro, que el Estado sea objeto de contrademanda por incumplimiento y la justicia le ordene pagar el lucro cesante puesto que la ha usufructuado por más de 40 años y el valor de usufructo durante un tiempo tan largo es mayor que el precio pagado.
Estado sería demandado
Como consecuencia de la disposición de la Pepca y de la Contraloría, el Estado podría enfrentar demandas por daños superiors a los 50 mil millones de pesos, por el usufructo de las propiedades privadas, todas ocupadas por el Estado y sus instituciones, pueden ser transferidas libremente.
