Una injusta y discriminatoria medida

 

Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor

Por Freddy González

El pasado 25 de octubre fecha en que cumplía año, me visité  la oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ubicada en la quinta planta del multicentro Churchill, a renovar mi licencia de conducir,  y me encontré con la sorpresa de que por una resolución de dicho organismo se dispuso que a los adultos de más 65 años, solo se otorgaría la misma por un periodo de dos años en vez de cuatro como era la norma.

Pero pese a no estar de acuerdo con dicha medida por su carácter violatorio a preceptos constitucionales,  y expresar mi inconformidad con la  misma, dejé que me violentaran mis derechos para no tener que enfrentar un agente de tránsito que si me detiene simplemente me dirá:  No sé de lo que me habla, su licencia está vencida, colocándome una multa que agravaría más mí ya lacerada economía.

Además de esta medida discriminatoria, contraria a normas constitucionales, nos están obligando a una doble tributación, porque estamos pagando por dos años 1,900 pesos los que los demás ciudadanos de menor edad pagan por cuatro, lo que significa que por cuatro años tenemos qué pagar 3,800 pesos.

Nuestra constitución,  en su Artículo 39,  establece el Derecho a la igualdad, señalando: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal».

Por lo que ninguna, Ley, Reglamento o Resolución puede contradecir o vulnerar derechos consagrados constitucionalmente.

Esta medida afecta según el censo del 2022, a 1,424,735 (igual al 13.2%) de ciudadanos y ciudadanas dominicanos que sobre pasan la edad de los 65 años.

Según el INTRANT, esta medida busca monitorear cada cierto tiempo las condiciones cognitivas, visuales, auditivas y reflejos de los adultos mayores ante la pérdida de facultades con el paso del tiempo.

Pero resulta que las estadísticas del pasado año, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), reporta que, de los 1,948 fallecidos por accidente en el año 2023, solo 148 fueron de adultos mayores, 133 del sexo masculino y 15 del sexo femenino, lo que representa un 7.59% del total de los fallecidos por accidentes de tránsito, no estableciendo sí fue como conductores o como pasajeros.

Independientemente de esas cifras, lo que sí es seguro que, a menor edad, se es más propenso a la velocidad y al manejo temerario.

Bien hace el nuevo director del INTRANT, Milton Morrison, en revisar y derogar esa medida discriminatoria e injusta contra un segmento poblacional que en sentido general agotó su vida laboral útil y que el Estado está obligado a proteger.