El Gobierno de Pedro Sánchez avanzó hacia el proceso de regularizar a miles de personas y ofreció opciones a quienes quieran probar suerte allí dentro de la legalidad. ¿La medida es de verdad un gana-gana para los latinoamericanos?
Por Víctor Diusabá
De nuevo, en mayo saltó la alerta. Esta vez sucedió en la Costa Brava, uno de los destinos turísticos más apetecidos de España. Desesperados porque tenían clientes, mas no empleados para atenderlos, decenas de pequeños empresarios de la hostelería se mostraron dispuestos a limitar al mínimo sus horarios de atención al público. E, incluso, algunos amenazaron con bajar de manera indefinida las persianas de sus bares y restaurantes.
La situación no es nueva. Quizás por eso, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez tenía la necesidad inaplazable de hacer fuertes reformas a la Ley de Extranjería, como había prometido a mediados de 2020. Los cambios, adoptados en Consejo de Ministros, fueron considerados “medidas de mucho calado” por el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Según él, tienen el objetivo de propiciar “una migración regular ordenada y segura”.
La reestructuración tiene varios frentes. El primero reconoce un hecho migratorio inocultable: el de miles de personas que llegaron a la Península como turistas pero con la intención de quedarse. Hoy ellas forman parte de la fuerza laboral del país aunque de forma soterrada, sin las mínimas garantías de un contrato legal. Ahora, la reforma parece brindarles la posibilidad de obtener permiso de residencia y trabajo, preferiblemente en oficios que tienen mayor demanda y para los que deberán alcanzar niveles de especialización mediante cursos especiales.
De esa manera el Gobierno espera lograr varios resultados simultáneos. De un lado, España quiere legalizar la permanencia de muchas personas que viven a merced de toda clase de abusos perpetrados por empleadores inescrupulosos que les pagan dinero en negro, es decir, por debajo de la mesa, sin brindarles garantía jurídica alguna. Y del otro, espera los ingresos provenientes de la entrada de esa población al circuito económico legal, en una política a tres bandas que puede además representar mayores índices de seguridad y control de las autoridades.
La enmienda también contempla a los estudiantes provenientes del exterior. De acuerdo con cifras oficiales, en el Sistema Universitario Español (SUE) en 2019 había 208.366 extranjeros inscritos en la educación superior. A partir de ahora, la nueva normativa les permitirá trabajar hasta 30 horas semanales, el 75% de las 40 que contemplan el tope máximo de las leyes de esa nación. En realidad, no pocos lo venían haciendo, pero sujetos a arbitrariedades y a persecuciones.
Y la renovada ley también se enfila hacia la población de los temporeros, ya asentada ya en territorio español, que trabajan en el campo durante las cosechas y provienen tradicionalmente de África y América Latina, en ese orden. Nada más en 2020, con los efectos de la pandemia vivos, el país requería con urgencia de 80 mil de ellos. Ahora la ley facilita su ingreso y también su salida, en vista de que lo suyo no tiene carácter permanente. Así, podrán vincularse mediante un contrato que les permita trabajar nueve meses por año. Será, en principio, un compromiso a cuatro años, extensibles a ocho.
Pero la norma va más allá de legalizar inmigrantes ya afincados en el país. También busca atraer al menos a tres grupos de personas que no han necesariamente residido en el territorio español. Uno compuesto por aquellos que quieran calificar para lo que se llama Ocupaciones de Difícil Cobertura, ítem que se ajustará trimestralmente a los requerimientos del mercado. Otro tiene que ver con facilitar la reagrupación familiar, que amplía ese espectro más allá del círculo más cercano, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Y un tercero que convoca a emprendedores interesados en crear empresa, incluidos nómadas digitales, para lo cual deberán presentar para aprobación un plan de negocio que incluye inversiones, no necesariamente cuantiosas.
Detrás de todo ello, según el ministerio de Escrivá, la norma apunta a “mejorar el modelo migratorio español y sus procedimientos, en muchos casos lentos e inadecuados, lo que genera periodos prolongados de irregularidad, con altos costes sociales y económicos”. Pero, ¿por qué España decide abrir ahora una puerta que durante mucho mantuvo casi cerrada, mientras en la realidad el país se convertía en destino de hombres y mujeres dispuestos a afrontar la condición de sin papeles?
Sobre eso, hay varias necesidades que coinciden y obligan a Madrid a dar esa vuelta de tuerca, encontramos en este análisis de CONNECTAS. Una, la evidente carencia de mano de obra de importantes sectores de la economía española —como ese gigante de la hostelería—, al que se suman otros de grandes proporciones: agroindustria y construcción y servicios en general, incluidos los relacionados con el área digital.
En esa urgencia, la de contar con trabajadores extranjeros, España no está sola. Por el contrario, hablamos de una tendencia global. Solo en Estados Unidos, la llamada ‘Gran Renuncia’, la decisión voluntaria de millones de personas que abandonaron su empleo, alcanza ya el 3% de su población trabajadora. El elemento en común con los españoles es que las bajas en el gigante del norte por cuenta de la hostelería alcanzan el 6,9% del gran total.
Y en Europa, las campanas igual llaman a quienes podrían venir de lejos a dar una mano. Alemania reconoce su mal momento: “Nos estamos quedando sin trabajadores cualificados y será mucho más dramático en los próximos años”, dijo hace poco el jefe de la Agencia Federal de Empleo, Detlef Scheele, que reconoció la necesidad de 400 mil nuevos trabajadores para, por ejemplo, enfermería y logística. Con el mismo propósito, Portugal ha puesto en vigencia la política considerada más laxa de inmigración del Viejo Continente. Por su parte el Reino Unido sabe que, de no contar pronto con suficientes camioneros y carniceros, solo para citar dos especialidades, se las tendrá que ver con más dificultades de las que ya le deja el freno de la economía mundial.
Sin embargo, en el caso español un interrogante ronda a no pocos ciudadanos: ¿es válido importar trabajadores cuando el paro (desempleo) bordeaba el 13,5 por ciento en abril? Las respuestas pasan por la post pandemia y sus efectos en los mercados y en las propias compañías, a lo que se suma una nueva generación más urbana, con sus consecuencias de vacantes en la actividad agrícola en un país con cada vez más pueblos fantasmas. Quizás las cosas cambiarían si, como dice la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “las compañías pagaran más a los empleados, les ofrecieran mejores condiciones laborales y les dieran más motivos para trabajar”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), hoy existen 119.212 vacantes, lo que resulta poco o nada al considerar las verdaderas necesidades calculadas para el período 2018 – 2030: nada menos que 9,2 millones de nuevos puestos. Aunque también hay que decir que un futuro el 50% de esos trabajos pueden terminar automatizados, como afirma la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Industria.
Tampoco es cierto que los inmigrantes, y particularmente los latinoamericanos, desplacen a los locales de los puestos de trabajo en las grandes ciudades, como lo demostró un estudio de la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato de España.
Y en cambio las modificaciones a la Ley de Extranjería parecen hechas a la medida de esos mismos latinoamericanos, más como consecuencia de provechosas experiencias que de una simple apuesta. En resumen, para los españoles es mejor un viejo conocido que quién sabe quién por conocer, sin olvidar el aporte de otras culturas y comunidades.
Al fin y al cabo, los latinoamericanos edificaron buena parte de la España de la bonanza que antecedió a la crisis de finales de la primera década del siglo. Y con esa misma migración de América Latina vino un repunte en la tasa de natalidad, con mujeres que, además, hicieron presencia en el campo laboral, espacio casi restringido para ellas durante el franquismo, una herencia que perduró por años.
A eso hay que sumar los millonarios aportes de varias generaciones a la seguridad social y la cada vez mayor inversión de poderosos grupos económicos latinoamericanos. Y un elemento más de por medio: la lengua en común. A eso se agrega que el rico intercambio de culturas y de saberes ha resultado fluido. Hoy, existe una inmensa colonia de mucho más de un millón y medio de migrantes encabezados por Colombia con 291.000, Ecuador con 123.000; Venezuela con 200.000; Honduras con 130.000 y Perú con 111.000. Ese contingente de hispanohablantes con fuertes lazos culturales convive con más de un millón de marroquíes y ciudadanos de otros países del norte de África que habitan en España.
Sin embargo, la reforma no le gusta a todo el mundo. Sectores del sindicalismo señalan, por ejemplo, que el texto esconde lo que llaman “racismo institucional” con el que, dicen, el Gobierno pretende paliar la falta de mano de obra en sectores laborales muy precarios con personas migrantes en situación límite.
Cristina, colombiana y administradora de profesión, llegó a España en 2000 como turista, se quedó a vivir como era su propósito y tras grandes esfuerzos logró salir adelante. Ella le dijo a CONNECTAS, desde un pequeño pueblo cercano al Mediterráneo donde vive con su pareja, que esta nueva etapa que se ve venir tiene un objetivo claro. “Se trata de conseguir personas que hagan tareas no cualificadas que casi siempre requieren de un esfuerzo físico importante, esas para las que no está dispuesta la mayoría de españoles, muchos de los cuales se han ido a buscar oportunidades en otros países. Eso no se puede negar, pero tiene su parte buena porque regulariza a muchos irregulares o indocumentados, no a los ilegales, como se dice de manera equívoca. Mejoran así sus condiciones de vida, a veces muy difíciles en sus países de origen”.
Sin desconocer estos hechos, el gobierno de Sánchez defiende las nuevas caras de la ley. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, dice que lo que busca es “…hacer un equilibrio entre que efectivamente las personas que vengan a nuestro país lo hagan bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado y que, por otra parte, podamos atender necesidades del mercado laboral, que en este momento hay dificultades en abastecer”. Equilibrio que debe ser “totalmente compatible con la dignificación de las condiciones de los trabajadores (españoles)”.
Lo que viene enseguida es el aterrizaje de la nueva norma, con los temores del caso. Se verá entonces cuánto hay de la intención a la realidad. De por medio están las advertencias que en su momento hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando hace algunos meses advirtió de la posible incursión de mafias que pretendan sacar provecho de un nuevo mercado de inmigrantes, y de la llegada de una avalancha de solicitudes. Y los reparos de empresarios del campo que consideran que las modificaciones “sólo abordan cuestiones menores y dejan de lado los verdaderos problemas del trabajador inmigrante (…) modificaciones pequeñas que no resuelven la necesaria adaptación a la reforma laboral”, como dijo Andrés Góngora de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Igual, hay que saber medir los alcances de la reforma. Es decir, como dice en su canal de YouTube el abogado Vicente Marín, experto en derecho de extranjería y nacionalidad española, la reforma “no se trata de una regularización masiva”. sino más bien de carácter individual y casuístico. Según Marín, “se trata de una modificación normativa tendiente a favorecer la incorporación de trabajadores extranjeros en determinados sectores donde son necesarios.” Entonces, está claro que esa puerta que España mantuvo mal cerrada ahora está entreabierta. Eso sí, no de par en par.
Fuente Infobae.com
