La indagación ocurrió en el marco de una causa abierta por el Supremo Federal en relación al levantamiento del 8 de enero, por el cuales ya hay 1.390 imputados
Fue el efecto de la morfina. Investigado por su participación en el intento de golpe perpetrado en enero pasado, Jair Bolsonaro fingió ser inocente apelando a un argumento inusitado. Dijo a los responsables de la investigación ordenada por el Supremo Tribunal Federal haber hecho un posteo justificando el levantamiento para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando se encontraba internado en un hospital de Estados Unidos sedado con calmantes a base de…. morfina.
Así lo reveló el diario Folha de San Pablo después de acceder a las declaraciones realizadas por el excapitán del Ejército y dirigente del Partido Liberal (PL).
El sospechoso de incitar (no descartar la hipótesis de organizar) la deposición de Lula llegó a las nueve menos cuarto de la mañana, a bordo de un automóvil con escolta, saludando a los pocos simpatizantes reunidos frente a las oficinas de la Policía Federal. No hubo un gentío esperándolo en el centro de Brasilia como tampoco se observó una multitud aguardándolo en el aeropuerto capitalino el mes pasado a su regreso del autoexilio de tres meses en Orlando, estado de Florida.
La revelación de Folha sobre lo dicho durante el interrogatorio fue ratificada en parte por el abogado del investigado, Paulo Cunha y su vocero Fabio Wajngarten. Este último fue secretario de Comunicaciones y uno de los arquitectos de la estrategia de la mentira metódica aplicada en el gobierno finalizado el 31 de diciembre último.
La coartada
Durante el interrogatorio de la Policía Federal Bolsonaro dijo «repudiar» la invasión de los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal el 8 de enero cuando miles de activistas con camisetas amarillas de la selección nacional, venidos del Cuartel GeneraL del Ejército exigieron la implantación de un régimen militar y la salida Lula al cual acusaron de haber vencido con fraude los comicios del 30 de octubre de 2022.
Ocurre que poco después del alzamiento amarillo el exgobernante posteó un video donde habló precisamente de «fraude» en el ballotage de octubre.
Si se acepta el argumento de la morfina, según el cual el caudillo estaba fuera de sí cuando fogoneó a sus muchachos en enero con el infundado argumento del fraude, esta coartada no se aplica a las decenas de veces que habló de una posible estafa electoral a lo largo de 2022, cuando incluso amenazó suspender los comicios. Y ordenó al Ministerio de Defensa hacer una investigación sobre las urnas electrónicas a la par de la movilización de miles de efectivos castrenses durante el primero y segundo turnos de votación.
El capitán jubilado hizo correr una vez más el fantasma del fraude, tras perder ante Lula por poco más de 2 millones de votos de diferencia, el 30 de octubre.
En la mañana del 31 de octubre decenas de miles de inconformes bloquearon carreteras desde el sureño estado de Rio Grande do Sul al norteño Amazonas y montaron campamentos en unidades militares, denunciando una supuesta estafa a través de las urnas electrónicas, para posibilitar el retorno del comunismo encarnado en el Partido de los Trabajadores (PT).
Comisario Torres
La indagación de este miércoles ocurrió en el marco de una causa abierta por el Supremo Federal en relación a los hechos de enero, por los cuales hay 1.390 imputados.
«El presidente Bolsonaro considera que el período electoral es página del pasado, es esto lo que dijo a la policía: él ya hizo la transición», declaró su abogado Cunha con el aparente propósito de poner punto final al proceso.
Es improbable que ello ocurra, dado que con el correr de las investigaciones judiciales y las revelaciones periodísticas, se hacen cada vez más consistentes las sospechas sobre el plan golpista urdido por el régimen predominantemente militar concluido el 31 de diciembre de 2022.
Una de las líneas de trabajo apuntan al exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres.
Preso desde enero el comisario Torres tenia en su poder un documento donde constaban los pasos a ser dados para que Bolsonaro decrete el «estado de defensa» y se habilite el camino legal para un golpe institucional.
Hombre de confianza del expresidente, Torres asumió en enero como jefe de la Secretaría de Seguridad de Brasilia. Pocos días después de entrar en funciones Torres ordenó desmovilizar a la policía estatal en vísperas del 8 de enero, gracias a lo cual las columnas bolsonaristas avanzaron prácticamente sin enfrentar resistencia hacia el Palacio del Planalto y las sedes de los poderes legislativo y judicial.
Los abogados de Torres interpusieron un habeas corpus para que no sea interrogado esta semana aduciendo un cuadro depresivo, mientras algunos observadores entendieron que el reo podría estar dispuesto a una delación premiada con efectos letales para su jefe.
El general Heleno
Este miércoles a la noche el Congreso aprobó la creación de una Comisión Bicameral Investigadora del golpe, cuyo foco estará sobre lo ocurrido el 8 de enero y los días previos en el Palacio del Planalto.
Legisladores del PT anticiparon que uno de los posibles convocados a declarar será el general Augusto Heleno, un bolsonarista puro que en diciembre prometió que Lula no había de subir la rampa del palacio presidencial.
El general comandó el Gabinete de Seguridad Institucional, con cerca de 800 militares dentro del Planalto, buena parte de los cuales continuó en funciones en enero y habrían sido cómplices de la asonada golpista. En el PT sospechan que si se prueba la participación de Heleno en la conspiración esto allanará el camino para denunciar a su jefe, Bolsonaro.
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