Con el certificado que le autoriza gobernar hasta el 2020, el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho” y demostrar desde ya que no pretenderá seguir el nefasto curso histórico dominicano del continuismo aceptando, sin dejar dudas, el desafío a una concertación por la institucionalidad democrática.
El concierto social permitiría concluir el Pacto Eléctrico y materializar el Pacto Fiscal, lo que a su vez generaría mayores recursos para enfrentar las grandes demandas nacionales de sostenibilidad económico-social, mayor equidad en la distribución de la riqueza, combate a la corrupción, la delincuencia y la impunidad, con el imperio de la ley.
¿Será su último período? Cuando Danilo Medina recibió el jueves el certificado de elección, que sin duda ratificará el Congreso Nacional, la pregunta que muchos se formulaban es si será su último período constitucional y nunca más, como manda la Constitución que él impuso en el 2015 para poder reelegirse. Las apuestas en los círculos políticos andan como dos a uno, predominando los que creen que intentará seguir, fundados en el continuismo dominicano, por el que solo siete mandatarios han agotado dos tercios de la historia republicana.
No hay que remontarse al siglo 19, con analizar a Horacio Vásquez, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Leonel y el mismo Danilo, se concluye que las palabras no bastan para generar confianza. Todos comienzan condenando el continuismo, pero trabajan para perpetuarse. El caso más trágico fue el de Horacio Vásquez, que creó las condiciones para la tiranía de Trujillo. El más atípico, el de Hipólito, que lo intentó en medio de una grave crisis financiera, después de decenas de juramentos de rechazo, para terminar en el único fracaso.
No solo las palabras, a veces ni los hechos son suficientes para contener el amor al poder sin límites. Leonel Fernández hizo aprobar en 2010 la Constitución del Estado democrático de derecho, que autorizaba la repostulación presidencial eternamente, con un período alterno, pero meses después, pese a haber tenido tres períodos de gobierno, se aferraba a una “interpretación constitucional” que, según discurseó, le permitía seguir, lo que no hizo por una férrea oposición nacional y en su propio partido.
Danilo Medina lo sucedió jurando que no se tragaría ni una vez “el tiburón podrido de la reelección”, reconociéndolo nefasto para la institucionalidad democrática, y terminó comprando medio Congreso para ingerírselo, justificándolo y sin eructar.
Reconocer la desconfianza. Lo primero que necesitan Medina y los suyos es asumir las graves insatisfacciones dejadas por el proceso que le permitió reelegirse con el 62 por ciento de los votos. Pudo haber sido menos aplastante en el abuso del poder y los recursos del Estado, conformarse con el 51 por ciento del sufragio y permitir mayor equilibrio en los demás poderes del Estado, pero él reclamó y buscó a cualquier precio “sus” senadores, diputados y alcaldes.
Hay quienes interpretan esa desmesura en la necesidad de crear condiciones para justificar la continuación del aplastamiento de su competencia interna, bajo la consigna ya reconocida por cercanos, de que “no vamos a permitir la vuelta de un Leonel vengativo”; segundo, para afianzar el dominio, que viene construyendo, de los demás poderes del Estado, y tercero, para erigirse en un nuevo mesías al que “no podemos desaprovechar”, argumento histórico que fundamentaría otra reforma constitucional. “Ya hicimos una, cuando no controlábamos el Congreso, y no tuvo ningún costo político”, argumentó certeramente un beneficiario.
Como en los dos primeros años del Gobierno, abundan los que creen en la palabra de Medina, pero son muchos más los que mantienen reservas y los que apuestan al intento continuista. Eso y el reconocimiento del colapso de la institucionalidad democrática en que concluyó el proceso electoral, es lo que fundamenta la generalizada demanda de un Pacto Político Social para reformas que en lo inmediato garanticen gobernabilidad y posibilidad de enfrentar los graves problemas nacionales, y que también eviten la desestabilización económica y social y graves confrontaciones en el próximo proceso electoral.
Conveniencia del pacto. Es obvio que para dejar atrás la política de desarticulación de los partidos de oposición y cooptación del liderazgo político-social mediante el reparto del Estado, y para cesar la impunidad y combatir la corrupción y delincuencia, así como para promover la independencia de los poderes del Estado, incluyendo los de control, ningún Gobierno necesita pacto alguno, pues bastaría con comenzar a hacer cumplir los principios constitucionales y las normativas.
Pero la coyuntura obligaría al Pacto Socio-Político por la necesidad de legitimar mayores contribuciones impositivas, que permitan adecuada inversión social, disminuir la delincuencia y crear seguridad, conteniendo el peligroso sendero de los déficits y el endeudamiento.
El problema es que los estrategas gubernamentales saben que cada vez es mayor la convicción de que el “Pacto Fiscal” tiene que con- llevar reestructuración del gasto y limitar la estructura de dominación en base al reparto y la corrupción sobre la que se ha sostenido el dominio total del régimen peledeísta.
Eso puede tener un costo de comodidad política, pero permitiría a Danilo Medina ocupar una buena curul en la historia nacional, y a su partido recuperar el crédito de sectores sociales muy insatisfechos, que reivindican los principios fundacionales del profesor Juan Bosch. Pero se requiere pasar del discurso a la concertación, o a los hechos concretos. No se inscribe en esa dirección la decisión de esta semana de llevar a una hermana del primer mandatario a la presidencia de la Cámara de Diputados, reduciendo la diversidad interna y ampliando garantías de control sobre los organismos que habrán de renovar los organismos estatales este año y en los sucesivos.
El pacto más prioritario. Tras el discurso del presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, el 29 de junio y el amplio respaldo que ha recibido de todo el sector empresarial y de instituciones sociales, ha crecido la convicción de que el primero de todos los pactos, fundamental para lograr los otros, es el de la sociedad civil, ya que los partidos políticos siempre buscan neutralizar y proseguir caminos que les han dado alta rentabilidad.
Para esta semana se convocan varios encuentros destinados a ampliar la concertación social, incluyendo un “Foro por un pacto nacional por la justicia y la seguridad”, convocado por una veintena de organizaciones sociales y empresariales que incluyen a algunas de las que en el pasado protagonizaron exitosas jornadas de presión como las de los años noventa para elegir una JCE y Suprema Corte de Justicia relativamente independientes, o la que luego forzó el cumplimiento de la ley que dispone la inversión del 4 por ciento del PIB en educación.
Que nadie se deje engañar, del nivel de compromiso de los sectores sociales, especialmente de los empresariales, dependerá que el Gobierno emprenda el camino de la concertación real para el rescate de la institucionalidad democrática y de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
POR JUAN BOLIVAR DIAZ
