“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.
Montesquieu.-
La República Dominicana, en su joven vida republicana, ha padecido constantemente de un mal social en casi todas sus épocas, donde gran parte de la clase política, intelectual, juristas, a pesar de sus aportes a las libertades públicas, han llegado a ser, en algún momento, piedras de tropiezo para el ejercicio digno de la administración de la justicia.
En los actuales momentos en que vive nuestra nación, el tan cuestionable Poder Judicial no se escapa ante esta penosa realidad histórica, que sigue arrastrando el lastre, gracias al mal manejo de la justicia, que en vez de ser “repartida” de manera neutral, se ha convertido en muchos casos como un brazo político de ciertos sectores en busca de enlodar, desacreditar, neutralizar la dignidad, el honor, el decoro de personas insignes, que con su arraigo político y social pudieran –como de hecho ha sido- amenazar los intereses de quienes quieren politizar y monopolizar la justicia dominicana.
Los recientes escándalos que han hecho tambalear nuestra justicia, se incrementan aún más, no sólo por los casos de corrupción denunciados o reafirmados, sino además –con igual peso de escándalo- por las acusaciones malsanas, que solo procuran sacar de escenario a distinguidas figuras del quehacer político, que en su momento dado pueden, no solo representar una oposición idónea, sino además, y sobretodo, prefigurarse como opciones alternativas para dirigir los destinos de la nación por las vías debidas, descarriladas hace ya más de una década.
En estos instantes, se hace necesaria, urgente, apremiante, que la justicia dominicana se vuelva justa y equilibrada, honesta, sin vicios, donde se aplique todo el peso de la Ley, sí, pero que en este proceso reluzca la verdad.
En nuestra agenda de nación, se hace perentorio el rescate de los valores sociales, perdidos por banales intereses partidarios y particulares, la vuelta a la moralidad y a la ética, no como un discurso idealista, sino como el norte de nuestras acciones, rescatar la dignidad y el respeto, y aplicar todas estas normas en la adecuada administración de la justicia.
Es preciso que todo ciudadano dominicano, en cualquier rincón del planeta, asuma el valor de pertenencia de un proyecto llamado Nación, donde el valor del ser esté por encima del tener.
Es hora de una justicia justa… ¡Pero para todos!
Por Antonio Gómez P.
