ARGENTINA.- Un nuevo capítulo judicial se cumplió en relación a la denominada banda de los dominicanos, una organización dedicada a la venta de drogas en Bahía y Punta Alta que fue desarticulada en 2017 a partir de 79 allanamientos.
A las 3 condenas que se habían dado en septiembre pasado se sumaron otras 6 personas sentenciadas, tres de ellas nacidas en el país caribeño que dio origen al mote del grupo delictivo.
El juez Ernesto Sebastián, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal local, impuso penas de entre 3 y 4 años de prisión, algunas de las cuales son de ejecución condicional, con lo cual los acusados no irán a prisión salvo que incumplan reglas de conducta.
La medida alcanzó a Hernán Suárez, de 48 años, con último domicilio en Santa Fe al 1200, quien recibió 3 años de prisión en suspenso por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad comercio, entre el 12 de enero de 2017 y el 30 de marzo del mismo año.
Además de someterse al control del Patronato de Liberados, Suárez tendrá que hacer un tratamiento psicológico para abordar problemas de adicciones, procurar un empleo lícito y realizar tareas comunitarias o donar 150 mil pesos a Incudi.
Emilio Eduardo Borquez (75), quien vive en Castro Barros al 2400 de Ingeniero White, también recibió 3 años de prisión en suspenso y, a modo accesorio, los mismo alcances que Suárez.
El dominicano José Carlos Rodríguez Cordero (36), con domicilio en la ciudad de Neuquén, recibió 4 años y 3 meses de cárcel efectiva, por tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de comercio y tenencia de drogas con fines de venta.
Su coterránea Benardis Vargas (43), con último domicilio en Liniers al 500 de nuestro medio, sufrió la misma pena que Cordero y a otro centroamericano, Ángel Junior Bido (43), le aplicaron 4 años de cárcel.
Por último, el guardiacárcel Carlos Adán Stegmann (37), recibió 3 años de prisión de ejecución condicional, por omisión del cumplimiento de sus funciones, al permitir el acceso de droga a una unidad penal. En su caso también se le fijó una inhabilitación de 6 años para ejercer cargos públicos y, a su vez, deberá donar 150 mil pesos a Incudi.
A la sentencia se llegó mediante juicio abreviado, con acuerdo del fiscal Gabriel González Da Silva, el defensor público José Ignacio Pazos Crocitto y los abogados particulares Bárbara Ságer, Leonardo Gómez Talamoni y Sebastián Martínez, así como todos los imputados.
La investigación -que primero condujo la fiscalía provincial y luego pasó al fuero federal por la complejidad de la trama- se originó el 3 de junio de 2016, tras la denuncia que hizo una persona que no quiso ser identificada por temor a represalias.
Ese testigo aseguró que una persona de nombre Jorge, alias “El Mafioso”, y su pareja “Tere”, exdueña de un local nocturno, se dedicaban a vender drogas en la modalidad de delivery.
Aportó datos del vehículo que utilizaban (un auto BMW de color gris), números de sus celulares, contactos, mecánica de venta y también dijo que “El Mafioso” tenía una compraventa al lado de su casa, que luego trasladó al barrio San Martín, en cuyo depósito resguardaría los narcóticos.
La División de Drogas Ilícitas avanzó con distintas medidas dispuestas por la Justicia, que incluyeron vigilancia a distancia, filmaciones, tanto en el citado depósito como en un domicilio de Italia al 900, que sería lugar de transacciones y donde vivían los dos nombrados, que después fueron identificados como María Teresita Tomassi y Jorge Negrette.
Esas acciones fueron la punta del ovillo para desarticular a la organización, que estaba compuesta por varias personas, entre ellas los ahora condenados.
Más allá de las declaraciones testimoniales, las pruebas de campo y los allanamientos, que permitieron secuestrar droga y celulares, entre otros elementos, las escuchas telefónicas ratificaron las maniobras delictivas.
