Frente a la corrupción y la impunidad y sus secuelas más perjudiciales, que son las acciones desbordadas del crimen organizado y la delincuencia común, el presidente no ofreció las respuestas francas y sinceras que esperaba la sociedad y que le demandó en su alocución del pasado jueves 23, expresó Abinader.
Tampoco se refirió a la dramática afirmación del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, quien planteó el domingo que la corrupción permea a todo el Estado dominicano, situación que toca directamente la responsabilidad del presidente Medina, como jefe de gobierno.
“El Presidente estaba emplazado a dar respuestas serias y anunciar medidas concretas ante los reclamos del movimiento social, de la oposición y destacadas instituciones de la sociedad civil, para que se refiriera a la acumulación de grandes escándalos de corrupción cuyos responsables se mantienen protegidos por la impunidad imperante. La impunidad, es la forma más aberrante de inequidad!”, subrayó en una exposición ante la prensa en un hotel de la ciudad.
Contrastó que la corrupción no es un mal endémico de la sociedad dominicana, como dijo el Presidente. “Se equivoca el Presidente. Es un mal enquistado en un reducido grupo de cleptócratas que han hecho un enorme daño a la nación, y que, además del robo de los recursos públicos, trata de provocar una desmoralización generalizada, vendiendo la falsa percepción de que todo el país es corrupto, que todos somos cómplices y de que todos mentimos.
“¡Eso, simplemente, no es cierto, presidente Medina, esa no es la idiosincrasia ni la conducta de la mayoría de nuestro pueblo!”, puntualizó en la exposición en que estuvo acompañado de dirigentes del PRM.
Un sistema de impunidad
En los últimos tres periodos de gobiernos dirigidos por el PLD, basados en el uso y abuso de los recursos del poder, se ha construido un sistema de impunidad que en la práctica anuló la separación de los poderes del Estado, y eliminó los frenos y contrapesos establecidos por la Constitución y las leyes.
“En gran medida”, especificó, “el Estado dominicano se ha privatizado y quedado a merced de una corporación que lo gestiona en su beneficio particular y el de sus allegados”.
Esa corporación promueve anti valores, sobre todo entre los jóvenes, con el mensaje distorsionado de un consumismo incontrolado y la ostentación de grandes bienes, que empujan al enriquecimiento ilícito y acelerado.
Las consecuencias de la corrupción y la impunidad fueron ponderadas por el Episcopado en su Carta Pastoral del 22 de febrero, alertando que hoy en día muchos jóvenes convierten en paradigmas y modelos de vida a políticos deshonestos, narcotraficantes y delincuentes, señaló.
Tras enumerar los escándalos más sonados de corrupción, que dijo han sido revestidos de impunidad, sostuvo que han provocado un severo déficit de confianza ciudadana en las autoridades, en concreto, en el propio presidente Medina, quien se mostró reticente y evasivo a tomar medidas prácticas y de raíz para parar tan peligrosa hemorragia.
Por sus implicaciones como la más grande estafa hecha al país y porque uno de sus protagonistas claves, Joao Santana, fue asesor de las últimas dos campañas del presidente Medina, el expediente Odebrecht ha detonado un mayoritario empoderamiento ciudadano en contra de la corrupción y la impunidad.
La mejor evidencia de la inacción de las autoridades es que esos casos han trascendido a la opinión pública sólo a partir de escándalos internacionales o de lamentables tragedias, nunca por iniciativas del gobierno a partir de las obligaciones que le mandan la Constitución y las leyes.
Alertó que frente a la confesión de la empresa Odebrecht de que pagó 92 millones de dólares en soborno a funcionarios del Estado dominicano a cambio de grandes contratos de obras públicas, el gobierno pretende concretar un acuerdo para proteger a la firma Odebrecht y a los funcionarios sobornados.
Juristas consultados, agregó, señalan que ningún acuerdo puede ser aprobado sobre la base de eximir de responsabilidad penal a los implicados, ni puede ser homologado por los tribunales dominicanos hasta tanto no sea conocido el alcance de los daños infligidos a nuestro país en este caso.
De igual manera, en una acción sin precedentes, el presidente Danilo Medina y sus funcionarios, en lugar de exigir la aplicación de las sanciones condignas por soborno y sobrevaluaciones a la empresa Odebrecht, así como las compensaciones correspondientes por daños y perjuicios al Estado dominicano, están actuando como radicales defensores de esa empresa y acusan de enemigo de la expansión de la generación eléctrica a todo el que reclama transparencia en los costos extraordinarios de la construcción de Punta Catalina.
Citó que el proceso de licitación y contratación de Punta Catalina estuvo plagado de vicios y cuestionamientos; “sin embargo, somos un país pobre, que no puede darse el lujo de tirar por la borda esa inversión”, puntualizó.
La mayoría del pueblo está de acuerdo con que se amplíe la capacidad de generación eléctrica, y que se haga con tecnología de bajo costo y de mínimo impacto ambiental.
Pobreza y empleo
Sostuvo Abinader que el Presidente insiste en que su gobierno sacó a más de un millón de personas de la pobreza, el 10% de la población, lo cual es imposible, sin disminuir el desempleo más que en alrededor de un 1% .
Aceptemos que, como dijo el Presidente, hayan sido creados 453 mil empleos en 4 años; pero ocurre que en el mismo período entraron al mercado laboral 449 mil dominicanos. En realidad, el desempleo apenas se redujo en 4,141 personas. Vaya logro!
Si la economía fue capaz de emplear apenas a los que entraron al mercado de trabajo, ¿cómo puede hablarse de una reducción de la pobreza de un millón de personas?
Si el salario mínimo de las empresas grandes no logra cubrir la canasta familiar del 20% más pobre, ¿cómo es posible que un millón de personas haya salido de la pobreza?
Definió como lamentable que en su discurso de dos horas y diez minutos, el presidente Medina no se refiriera al delicado tema del endeudamiento público.
Al 31 de enero de 2017, la deuda pública consolidada del gobierno dominicano fue de US$35 mil millones. De esa suma, la administración de Medina es responsable de más de US$10 mil millones, casi la tercera parte de toda la deuda acumulada desde el 1940 para acá.
Cada mes, se está agregando US$ 209 millones netos a esa deuda. Si proyectamos ese ritmo para los próximos 42 meses terminará con una deuda de casi US$9 mil millones adicionales, para un total de deuda neta de US$44 mil millones.
Una buena cantidad de esa deuda se habrá consumido en gasto corriente, en hoteles y restaurantes, en viajes, en sobornos y, en general en despilfarro y en pago de intereses. Esa deuda se ha gastado en los sobornos de Odebrecht, en los Tucanos, en OISOE, en comprar reformas constitucionales, sobrevaluaciones, imposición de candidatos y otras cosas.
De seguir en esa trayectoria, la economía dominicana se encamina a un ajuste que deteriorará gravemente la calidad de vida de la gente. Ese mal derrotero hay que pararlo.
Permítanme enfatizar una idea en la que he insistido: La delincuencia y la criminalidad son generados por la exclusión, la marginalidad, la falta de oportunidades y la desesperanza.
Es asombroso constatar que el Presidente Medina en su discurso apenas se refiriera marginalmente a la violencia que hoy constituye el miedo de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que diariamente se tienen que exponer a la amenaza de los delincuentes. Lo único que hizo fue referirse al insuficiente aumento a algunas categorías de las fuerzas policiales.
La ausencia de una estrategia responsable sobre la inseguridad ciudadana habla claramente: se trata del fracaso de una política, se trata de incapacidad gubernamental para enfrentar con eficacia lo que todas las encuestas indican que constituye la mayor preocupación del pueblo.
Abinader también cuestionó con cifras del propio gobierno los alegados éxitos del gobierno en materia de salud y educación de calidad en los cuales ha disminuido, en vez de aumentar la inversión estatal.
Expuso que para acabar con el robo masivo de los dineros del Estado, así como con el imperio de la impunidad y la injusticia, la vía principal es y será la lucha ciudadana, la manifestación pacífica abierta, por los medios, las redes sociales, y en todas las formas cívicas, pero firmes de manifestación de la indignación que embarga a la ciudadanía.
Ese poder ciudadano en las calles demanda unas nuevas relaciones de poder, en las que cobren vida el respeto a las instituciones y a las personas, la equidad, la inclusión y la solidaridad. Dijo que tanto el PRM, como su familia y él personalmente son partícipes de esas demandas.
En la Presentación a la prensa, Luis Abinader estuvo acompañado del doctor Roberto Fulcar, presidente en funciones del PRM, el economista Miguel Ceará Hatton, secretario de políticas públicas, los miembros de la Dirección Ejecutiva Luis Delgado, Antonio Almonte, Rafael Santos, Luis Valdez, Eduardo Sanz, Lourdes Herrera, Eilyn Beltrán, Andrés Astacio, y los diputados Josefa Castillo, Alexis Jiménez, José Santana y Franklin Romero, además los Abogados Antoliano Peralta y Luis Soto, entre otros.
