Por Sebastián del Pilar Sánchez
Unos años antes de que ocurriera el secuestro del teniente coronel Donald Joseph Crowley, agregado aéreo de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, ejecutado el 24 de marzo de 1970 por la alta dirigencia del Movimiento Popular Dominicano (MPD), América Latina fue sacudida por el impacto de sucesos similares acaecidos en Venezuela, Guatemala, Uruguay y Brasil entre 1963 y 1970, cuyos responsables perseguían canjear sus rehenes por presos políticos.
El primer caso de esa naturaleza trascendió en Caracas el 27 de noviembre de 1963, siendo su víctima el coronel James K. Chenault, subjefe de la misión militar norteamericana acreditada en Venezuela, quien fue secuestrado por las autoproclamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y un grupo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que orientaba el diputado Domingo Alberto Rangel.
Al día siguiente, con asombrosa audacia, los secuestradores ofrecieron la entrega del oficial norteamericano a cambio de setenta mujeres que -según creían- se encontraban recluidas en prisiones por motivos políticos. También, en una declaración ofrecida a la agencia de prensa francesa, aseguraron que no liberarían su rehén si el gobierno no ponía en libertad a sus camaradas Héctor Espinosa, Olivia Olivo, Teófilo Rodríguez, Enrique Armas y Teobaldo Solórzano.
Los mencionados eran los miembros del MIR y el Partido Comunista que el 28 de noviembre de 1963 secuestraron en el aeropuerto de Caracas un avión CV-340 de Aerovías Venezolanas (AVENSA), que cubría la ruta Ciudad Bolívar-Maiquetía llevando 14 personas a bordo, con la idea de utilizar la nave para lanzar volantes de carácter propagandístico sobre ambas ciudades, exhortando a la población a abstenerse de participar en las elecciones convocadas para el mes de diciembre de ese año.
Ese avión fue luego desviado hacia la isla de Trinidad, donde los jóvenes insurrectos solicitaron asilo, que les fue negado por las autoridades de Nueva España que prefirieron apresarlos y repatriarlos enseguida a su país, buscando congraciarse con el presidente Rómulo Betancourt que acababa de acusar al gobierno de Cuba de animar la subversión en Venezuela y había pedido a las naciones del hemisferio americano adoptar medidas comunes enérgicas y definitivas para eliminar el régimen de Fidel Castro por ser una amenaza para la seguridad de todas las naciones democráticas americanas.
Los secuestradores del coronel Chenault reiteraron su exigencia de libertad de los presos citados y afirmaron que si no se producía en un plazo de 24 horas, sacrificarían el rehén y tomarían represalias contra los norteamericanos que se encontraban en Caracas en misión oficial. Sin embargo, después de nueve días de cautiverio Chenault fue liberado sano y salvo, lo que fue interpretado como una demostración de que esa operación ya había logrado la notoriedad deseada, que era a final de cuenta su principal objetivo.
Este hecho estuvo precedido de los secuestros del buque mercante venezolano "Anzoátegui" y la estrella de futbol argentino Alfredo Di Stefano, dirigidos también por las FALN el 12 de febrero y el 24 de agosto de 1963, pero que no obstante su relevancia, se obvia su consideración en este relato que ha priorizado los casos de figuras diplomáticas y militares como el teniente coronel Michael Smolen, segundo jefe de la misión aérea de los Estados Unidos en la tierra de Bolívar, raptado cuando salía de su hogar, en la mañana del viernes 9 de octubre de 1964, por un comando armado de las FALN, dirigido por el venezolano Carlos Argenis Martínez Villalta, mejor conocido como el comandante Ruiz Martínez y sus compañeros David Salazar y Carlos Rey.
El primero en enterarse de la situación de Smolen fue su jefe, el coronel Henry Lee Choate, quien esa mañana recibió en su hogar una extraña llamada telefónica de un desconocido que apresuradamente le dijo: "El comandante Smolen está en poder de nuestra organización", colgando de inmediato. El alto oficial se puso a pensar en que esa información podía ser cierta, porque desde 1962 en Caracas y otras ciudades de Venezuela se movían grupos armados de oposición al gobierno de Betancourt y sólo había transcurrido once meses desde el rapto del coronel Chenault. Ese pensamiento motivó que intentara de prisa localizar a su subalterno mediante una visita a su residencia, donde pudo contactar la realidad del secuestro.
El comando de las FALN exigió para liberar a Smolen la suspensión del fusilamiento de un joven vietnamita llamado Nguyen Van Troi, de 24 años, que había sido apresado el 9 de mayo anterior por una tropa del ejército survietnamita aliado de los Estados Unidos, cuando colocaba una potente carga explosiva en la base de un puente cercano a la ciudad de Saigón por donde, en compañía del embajador norteamericano Henry Cabot Lodge Junior, debía pasar el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert MacNamara, principal estratega y ejecutor de las operaciones militares que su país realizaba en Vietnam.
En un comunicado público los secuestradores pidieron que Van Troi fuera liberado de inmediato y aseguraron que si era ejecutado, harían lo mismo con el alto oficial estadounidense que estaba en su poder; por lo cual, ante esa amenaza los jefes militares norteamericanos asentados en el sur de Vietnam, ordenaron al gobierno de Saigón que aplazara la ejecución de la sentencia. La misma sería materializada nueve días más tarde, cuando los atacantes de modo precipitado tuvieron que liberar a su rehén en ropa interior en una calle céntrica de Caracas, al no poder resistir el gigantesco cerco policial tendido por las autoridades ni el arresto de más de mil 500 personas, entre las cuales estaban varios de los relacionados con este hecho que terminó siendo un fracaso total.
De su lado, el gobierno de Saigón orientado por los Estados Unidos, reactivó la condena de muerte del joven Van Troi, quien luego de cinco meses de violentos castigos corporales y varios intentos de fuga, fue llevado al paredón en un acto público el 15 de octubre de ese año.
El revés de la izquierda venezolana en el secuestro del coronel Smolen habría engendrado la línea extremista asumida por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala, respecto a tres diplomáticos de los Estados Unidos que fueron ultimados en esa nación en agosto de 1968; entre ellos el embajador John Gordon Mein, secuestrado y asesinado el día 28 de ese mes, a pocas cuadras del consulado estadounidense, cuando intentó escapar del dominio de una brigada que lo estaba raptando para luego canjearlo por prisioneros políticos. También se radicalizó el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, de Uruguay, en el manejo del secuestro de un antiguo agente de la CIA y asesor de seguridad de los Estados Unidos en América Latina, llamado Daniel Anthony Mitrione, cuyo auto fue chocado el 31 de julio de 1970 en el barrio Malvin de la capital uruguaya por una camioneta matrícula 453-239 que llevaba en su interior a cuatro tupamaros que se apearon a detener su vehículo con armas en manos.
Mitrione fue secuestrado tras ser herido de un balazo en el pecho por la desesperada e infructuosa resistencia que opuso a su captura; siendo conducido a un escondite tupamaro fuera de la ciudad, donde le curaron la herida y fue largamente interrogado por sus captores, quienes además realizaron una grabación en la que exigían al gobierno la liberación de todos los presos políticos que se encontraban en Punta Carretas y en la cárcel femenina de Villa Colón, al norte de Montevideo. Esa era supuestamente la condición para dejar libre a Mitrione y al diplomático brasileño Aloysio Mares Dias Gomide, de 40 años, raptado también esa mañana en su hermosa residencia de la calle Potosí No. 2027, en el barrio Carrasco de la capital uruguaya y luego libertado el 21 de febrero de 1971, tras su esposa pagar 250 mil dólares de rescate.
En esos días los tupamaros también secuestraron al embajador de Gran Bretaña en Uruguay, Geoffrey Jackson y al técnico agrario de los Estados Unidos, Claude Fly, quienes estuvieron varios meses en prisión y fueron tardíamente libertados. Esa suerte le faltaría, sin embargo, a Dan Mitrione que tenía sus horas contadas desde el mismo momento en que fue secuestrado, como finalmente se plasmó en el comunicado No. 9, del 8 de agosto de 1970, enviado por los tupamaros a varios medios de prensa, con su veredicto: "Hoy a las 12 será ejecutado Dan Anthony Mitrione".
Esa sentencia fue decidida por su condición de exoficial de policía en Richmond, Indiana, de 1945 a 1947 y agente de la CIA desde 1959, laborando para el departamento de cooperación y administración internacional, donde implementaba programas de seguridad pública y asesoraba a los militares y policías de Uruguay, Brasil y República Dominicana (en 1966), sobre técnicas de guerra para reprimir la insurgencia izquierdista y en la aplicación de métodos coercitivos más enérgicos en los interrogatorios a los presos, como las torturas de choque eléctrico en sus genitales que se convirtieron en una rutina.
Los secuestros en Brasil
Apenas había transcurrido un año de los trágicos sucesos de Guatemala, en los que perdieron la vida militares y diplomáticos extranjeros, cuando se produjo en Río de Janeiro el rapto del embajador de los Estados Unidos Charles Burke Elbrick, de 61 años de edad, durante la mañana del 4 de septiembre de 1969, una semana después de que el presidente de Brasil, mariscal Artur da Costa e Silva sufriera un derrame cerebral que obligó a los militares a separarlo del poder, aunque se tardaron en escoger su sustituto: una junta militar presidida por el general Emilio Garrastazu Médici, quien se había desempeñado como jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SIN).
Este acontecimiento obligó rápidamente a los organismos de seguridad de Brasil a incrementar la protección de todas las embajadas y sus dependencias; en particular, la residencia de la señora Elvina Elbrick, esposa del diplomático secuestrado, que tenía sólo un mes viviendo en Río de Janeiro. Mientras la policía iniciaba, por otro lado, una tenaz persecución para apresar al exdiputado comunista Carlos Marighella y al excapitán del ejército Carlos Lamarca, erróneamente considerados como los principales sospechosos del secuestro que se había ejecutado.
También militares y policías implementaron medidas de vigilancia extrema en aeropuertos, zonas costeras y carreteras, intentando bloquear los puntos de acceso a la capital brasileña y localizar a los perseguidos; pero aun así no pudieron evitar que Lamarca evadiera el cerco establecido, trasladándose a la región del Valle de Ribeira, en el sur del estado de Sao Paulo, donde se puso al frente de un movimiento subversivo de carácter guerrillero.
De su lado, Marighella permaneció en Río de Janeiro donde fue objeto de una persecución sostenida, siendo baleado en el pecho en un cine de la ciudad y abatido dos meses más tarde (el 4 de noviembre de 1969) en una emboscada policial, encontrándose a bordo de su automóvil.
Ese dirigente de izquierda había sido el principal organizador de la resistencia al régimen militar de Brasil, además de ser el autor de un manual del guerrillero urbano que planteaba que la tensión sería alcanzada "llevando la inseguridad y la incertidumbre a las clases dominantes, desgastando y desmoralizando a las fuerzas militares de los gorilas".
Verdaderos autores del hecho
El secuestro del embajador Elbrick era el suceso más importante que se había producido en Brasil desde que fue derribado del poder el presidente Joao Goulart en abril de 1964, por haber dado a conocer su interés en reducir los latifundios y expropiar las compañías de petróleo privadas, ya que por primera vez el gobierno se había visto precisado a tomar una posición defensiva, sin que pudiera reaccionar de manera rápida y enérgica ante este acontecimiento provocado por un grupo de jóvenes cobijados bajo la bandera del Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MRO-8), una organización de reciente formación cuyo nombre recordaba la fecha de la muerte en Bolivia del legendario guerrillero Ernesto Che Guevara. Su objetivo era intentar canjear al diplomático por 15 presos políticos.
Esta operación aparentaba ser una autentica obra maestra, un acto político que alteraba notoriamente el futuro del país, sin que pudiera ser calificado de acción típicamente terrorista, puesto que sus autores reales no tenían un claro compromiso con el movimiento revolucionario armado existente en Brasil, no obstante identificarse con la figura del Che Guevara. La acción del secuestro fue concebida poco después de la llegada a Brasil del embajador Elbrick y su esposa, en el mes de junio de 1970; según reveló el periodista Fernando Paulo Nagle Gabeira, uno de sus protagonistas, en una entrevista con el periodista Sergio Berrocal, de la agencia francesa de prensa, fechada el 1 de abril de 2019.
Este comunicador ilustró que la operación careció de planeamiento meditado, pues surgió casualmente durante una conversación informal entre amigos de clase media, ninguno de los cuales había participado en la vida política, aunque estaban sumamente disgustados con la instauración en Brasil de una dictadura militar desde 1964. Agregó que en ese diálogo alguien ofreció la información de que el diplomático pasaba todos los días por su casa y "un día que estábamos charlando se nos ocurrió que no estaría mal secuestrarlo, pero enseguida nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa y nos olvidamos del tema".
Sin embargo, poco más tarde surgió en ese grupo la idea del rapto, con la intención de obligar al gobierno militar a soltar algunos presos políticos que estaban padeciendo torturas en la cárcel; pues primaba entre ellos un sentimiento de repulsa a esa realidad y a la dictadura militar, y creían que la mejor manera de expresarla era originando en las calles mucho ruido durante la semana aniversario de la independencia nacional que se iniciaba el día 7 de septiembre.
Por eso, tres días antes de esa fecha se ejecutó el secuestro del embajador Elbrick, iniciado cuando salió de su residencia acompañado de su chófer, en dirección a la sede diplomática, situada en el centro de Río de Janeiro. El conductor fue liberado ileso, con una nota que exigía a la junta militar la liberación de 15 presos políticos y la publicación íntegra de un manifiesto de mil palabras, donde el MRO-8 amenazaba con recurrir a la justicia revolucionaria si el gobierno no cumplía en un plazo de 48 horas su demanda de liberar los presos políticos a cambio del embajador. Los secuestradores reiteraron sus exigencias en mensajes que dejaron en la sacristía de la iglesia "Nuestra Señora de la Gloria" y en una populosa plaza de Río de Janeiro, así como en una carta que hicieron llegar a un conocido periodista y que fue íntegramente publicada en el diario donde laboraba.
Esta realidad provocó la reacción del gobierno estadounidense de Richard Nixon, que hizo saber a la junta militar y al mundo, por medio de Robert McCloskey, portavoz del Departamento de Estado, que era indispensable salvar la vida de su embajador, un amigo apreciado de la familia presidencial. Además de que el gobierno de Nixon dispuso que en Río de Janeiro se tuviera en reserva un tetrarreactor del Military Air Transport, matrícula MAT-Z-437, con la finalidad de embarcar en cualquier momento a los 15 presos políticos.
Así fue que, a las 3:35 de la tarde del sábado 6 de septiembre de 1969, el canciller de Brasil, José de Magalhaès Pinto, anunció públicamente que el aparato que transportaba a los quince presos políticos había despegado veinte minutos antes del aeropuerto de Galeo con destino a México, dejando a los militares golpistas humillados y divididos por haberse visto en la disyuntiva de tener que elegir entre la vida de un diplomático extranjero y el honor nacional, que creían mancillado al convertirse en instrumento de un movimiento revolucionario cuya importancia habían ignorado hasta entonces.
El secuestro del embajador estadounidense en Brasil, Charles Burke Elbrick tuvo que haber repercutido en la izquierda dominicana que desafiaba al régimen de Joaquín Balaguer en 1970; pues seis meses después de ocurrido, se llevaría a cabo en Santo Domingo una operación parecida contra el agregado militar de la embajada americana, coronel Donald J. Crowley. La misma fue capitaneada por el secretario general del MPD, Otto Manuel Morales Efres, utilizando como operadores al dirigente emepedeísta Héctor Ortiz, a su esposa Ivonne Payano y a un exmilitar llamado Rafael Luna Cabrera, quienes junto al ingeniero Amín Abel Hasbún conformaron el llamado comando unitario anti-releccionista que secuestró al referido oficial mientras se aprestaba a jugar polo en las inmediaciones del hotel Embajador y lo mantuvo prisionero durante cerca de 24 horas en una casa del sector Manoguayabo, en la zona oeste de Santo Domingo.
La diferencia de ese caso y el brasileño estuvo en que sus organizadores pertenecían a un partido político de izquierda con un amplio historial de lucha en la República Dominicana y habían participado en un acontecimiento de la trascendencia de la guerra de abril de 1965; mientras que los raptores del embajador Charles Burke Elbrick eran unos muchachos de clase media que habían improvisado la formación del MR0-8, sólo con la intención de expresar su repudio a la dictadura militar que en 1964 derrocó en Brasil al gobierno constitucional del presidente Joao Goulart,
Por último, vale recordar la llamada "Operación Argimiro Gabaldón", puesta en práctica en 1976 por la Liga Socialista de Venezuela que secuestró en el estado de Bolívar al empresario estadounidense William Frank Niehous y lo mantuvo en cautiverio durante tres años, cuatro meses y dos días, así como el secuestro de la diputada colombiana Ingrid Betancourt, ejecutado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002, que tuvo una duración de seis años, cuatro meses y nueve días.
