Por Fausto Herrera Catalino
A continuación una síntesis de la introducción de mi nuevo libro: La Ciudadanía en Rebeldía.
El libro que tiene en sus manos fue escrito para que sea útil a la ciudadanía en su decidida lucha por un nuevo orden democrático en la República Dominicana.
Es el impulso para una transformación pacífica y ciudadana. Por la indignación para la exigencia de la transparencia, la eliminación de las prácticas corruptas y poner el fin a la impunidad.
Las preguntas de muchos dominicanos son: ¿cómo es posible que ante el secuestro de los órganos e instituciones del Estado, con sus secuelas como la inseguridad pública, las injusticias, las estafas, el sicariato y los narcotráficos; falsificaciones de medicamentos, la contaminación del Vertedero de Duquesa, la extracción de arenas de los ríos, el endeudamiento desenfrenado, delincuencias y feminicidios, desempleos y alto costo de la vida; los escándalos frecuentes y la inmoralidad del sistema político, económico y social, todo siga igual?
También, funcionarios, legisladores, alcaldes y regidores en desacato a la Constitución sin depositar su declaración jurada de bienes.
¿Por qué en las condiciones que vivimos no haya traído respuestas y cambio en una dirección opuesta a la que arruina a millones de dominicanos y empresas; destruye el medio ambiente y multiplica las amenazas sobre la gobernabilidad del país?
El párroco Benito Cruz Lantigua, de la capilla San Juan Bautista, en Santiago, le pidió al presidente Danilo Medina que no se concentrara solo en obras de educación. No solo de edificaciones escolares viven las comunidades, ni son las prioridades de una educación de calidad.
Pero, es evidente que nada de eso ha sido suficiente, para frenar las políticas absolutistas que viene aplicando el Partido de la Liberación Dominicana. En oposición, es preciso, articular una mayoría política que defienda los intereses de la gente que ha sufrido los peores efectos de la hegemonía partidaria.
En la República Dominicana, la política, en la época de la posverdad se caracteriza por un entramado de complicidad entre los actores de la partidocracia. Por ejemplo, en los comicios de 2016, de 25 Partidos reconocidos en la Junta Central Electoral, 14 fueron aliados al PLD, 4 al PRM y 5 concurrieron independientes.
Entonces ¿Cómo se puede esperar que la sociedad dominicana confíe, mayoritariamente, para gobernar a una “oposición” –dispersa- que no tiene ni siquiera claro con quien va a ir de la mano y con quien no; quien es su amigo o su socio y quien su adversario?
Este cuestionamiento lo hacemos por los fracasos (cinco derrotas electorales consecutivas) de interlocución entre las alternativas opositoras y emergentes y la gente, para lo cual hay que llevar a cabo, en primer término, un gran proyecto de convergencia, sincero, fraterno, con gran inteligencia y, sobre todo, sin un ápice de sectarismo.
Ante tanta incertidumbre e incoherencia germinó el sentimiento de la esperanzadora Marcha Verde.
El domingo 22 de enero de 2017, se inició el cambio del nuevo rumbo político del país. La convocatoria ciudadana luego de las informaciones que suministro el Departamento de Justicia de Estados Unidos de las operaciones fraudulentas de la compañía brasileña Odebrecht que corrompió a gran parte de los gobiernos de América Latina, impulsó la oleada por la regeneración pública.
En adición, República Dominicana, tiene registros por más de 100 expedientes de corrupción, sin castigo, en diversas magnitudes. Y, no se detiene la sangría, a cada momento se destapa un escándalo nuevo. Ejemplo, la grave denuncia del agrónomo Leonardo Faña contra la mafia de importaciones de productos agrícolas ejercida desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Una teoría moral sugiere que la solución al problema consiste en que los votantes castiguen a los políticos venales y elijan únicamente a personas moralmente probas a los cargos públicos. Sin embargo, que el mismo sistema político y electoral –aquel que todo congresista ha usado para hacerse elegir- está diseñado para promover el fraude. Inclusive se podría decir que la corrupción electoral no es un problema dentro del sistema, sino que la corrupción es el sistema.
La Ley Electoral desfasada y la Ley de los Partidos políticos, -inexistentes y en discusión hace más de 10 años-; sirve de pretextos a las tropelías, en el caso dominicano, que se cometen desde los órganos electorales y judiciales en contra del régimen constitucional de garantías y derechos políticos.
El politólogo Francis Fukuyama, en su reciente libro Orden y decadencia de la política, explica: “Los países que introdujeron la democracia electoral antes de tener un Estado eficaz, transparente y meritocrático se aseguraron de que los partidos políticos compitieran en las elecciones no solo por el control del gobierno, sino también por el control de todo el aparato burocrático estatal.”
En igual sentido, las palabras del político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, cito: “Solo la lucha inteligente, perseverante y hasta heroica de la sociedad, permitirá desterrar las plagas que corroen a nuestro país, cancelar la injusticia, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, el desdoblamiento decadente del Estado y la evaporación de la soberanía nacional.”
A quienes ven fantasma que conspiran contra el desorden establecido, le refiero lo escrito por un ex miembro del Comité Central del PLD, Pedro P. Yermenos Forastieri, en su artículo “El PLD: Hueso duro de roer”: “¿Qué debe preocupar al PLD y al gobierno? Que la gran mayoría de sus recursos para salir airosos de esta coyuntura hostil no han producido los resultados anhelados porque la gente manifiesta hastío y ellos, mejor que muchos, saben que cuando eso ocurre, ni el dinero ni el poder pueden revertirlo.”, concluyo.
Una nueva esperanza recorre el territorio de la Patria que independizaron Duarte, Sánchez y Mella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario