El rápido crecimiento del servicio del ICE bajo el segundo mandato de Donald Trump ha intensificado el debate político y social entre las actuaciones violentas de los agentes como fruto de las redadas migratorias ordenadas por la Administración
Continúan las protestas en EEUU con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de la polémica. Mientras se multiplican los casos de actuaciones violentas en las calles de Minneapolis, ahora los demócratas denuncian que miles de agentes participan en redadas migratorias con requisitos mínimos de formación y salarios muy elevados.
Los agentes del ICE se han convertido en el eje central de la política de deportaciones masivas impulsada por Donald Trump. Desde que el presidente inició su segundo mandato, el número de agentes ha pasado de unos 10.000 a cerca de 22.000 efectivos.
El incremento sin precedentes desde la creación del ICE en 2002, ha sido posible gracias a una intensa campaña de reclutamiento del Departamento de Seguridad Nacional, dirigida a lo que el propio organismo denomina «estadounidenses patriotas calificados». Este crecimiento tan rápido ha generado dudas sobre los criterios de selección y la preparación real de los nuevos agentes.
Salarios altos y requisitos mínimos
Las críticas se han intensificado tras conocerse casos como el de un agente destinado en Minneapolis que asegura cobrar unos 200.000 dólares anuales pese a no tener más estudios que la educación secundaria: «Me pagan por algo que haría gratis», afirma.
La oposición demócrata denuncia que los requisitos de acceso son demasiado laxos para un cuerpo con amplios poderes policiales. Por est motivo, presionan para exigir una mayor capacitación y amenazan incluso con bloquear la ley de gastos federales si no se introducen reformas, un escenario que podría desembocar en un nuevo cierre de la administración.
Menos formación y más agentes
Una de las principales preocupaciones es la reducción del tiempo de entrenamiento. El periodo de formación del ICE ha pasado de 16 a solo ocho semanas, y ya no se exige aprender español, a pesar de que es el idioma mayoritario entre los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos.
El ICE no ha respondido a varias preguntas planteadas por medios internacionales sobre su proceso de reclutamiento. No obstante, expertos en seguridad advierten de que la prioridad actual parece ser el volumen de efectivos más que la calidad de la formación. «La financiación está pensada para cubrir decenas de miles de puestos y ofrecer incentivos para atraer rápidamente a grandes grupos de solicitantes», explica Melissa Hamilton, abogada estadounidense y exoficial de policía y de prisiones, en declaraciones a DW.
Violencia, protestas y presión política
La preocupación por la preparación de los agentes se ha agravado tras la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente del ICE el pasado 7 de enero en Minneapolis. El caso ha provocado protestas en todo el país y la renuncia de una docena de fiscales federales en el estado de Minnesota. Los demócratas cuestionan la profesionalidad del cuerpo y reclaman mayor supervisión, límites claros al uso de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas.
El Gobierno ha anunciado la primera medida, que consiste en integrar cámaras en el uniforme de los agentes. Pero mientras tanto, en X anuncian contrataciones buscando patriotas que quieran defender su país, y la Casa Blanca baraja incluso la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección, que permitiría desplegar militares para labores policiales, una medida que no se aplica sin el consentimiento de los gobernadores desde hace más de seis décadas.
Reclutamiento ideológico
Según varios analistas, el ICE está utilizando técnicas de captación muy dirigidas a las bases ideológicas del trumpismo. Entre ellas, el uso del geocercado, una práctica que permite mostrar anuncios de reclutamiento en los dispositivos de personas que se encuentren cerca de bases militares, ferias de armas o grandes eventos deportivos.
A esto se suman incentivos económicos como bonos de inscripción de hasta 50.000 dólares, planes de pago especiales y condonación de préstamos estudiantiles. «La campaña se dirige a personas subempleadas y a quienes proceden de familias trabajadoras», explica Hamilton, que añade que difícilmente atraerá a perfiles interesados en la justicia social.
Fuente; 3N
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