La imagen evocó los peores momentos de la crisis de 2019, en plena disputa entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó. El viernes por la mañana, aproximadamente el 80% de Venezuela despertó sin electricidad; millones de personas, las que más madrugan, tuvieron que acudir a sus puestos de trabajo aún en la penumbra; y el Gobierno denunció un sabotaje. Las fases más duras del conflicto político que el país caribeño sufre desde hace dos décadas coinciden con períodos de aislamiento y colapso. Y los apagones agravan esas etapas. Las autoridades se encastillan y estrechan el cerco contra la oposición, que desde las elecciones del pasado 28 de julio lucha por mantener presencia pública a pesar del acoso judicial y policial del chavismo.
La movilización convocada el miércoles por la alianza de fuerzas opositoras demostró que la plataforma liderada por María Corina Machado ha resistido los embates gubernamentales y tiene impulso suficiente para seguir reivindicando el triunfo. No obstante, tiene que hacerlo contra todo el aparato oficialista, que controla cada resorte de los poderes públicos. La semana culminó con el país en vilo por el futuro de Edmundo González Urrutia. El aspirante antichavista rechazó responder, por tercera vez consecutiva, a una citación de la Fiscalía, que lo investiga por conspiración y usurpación de funciones, entre otros delitos. Argumentó que no se presentaría porque el fiscal, Tarek William Saab, “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”. Sin embargo, después el veterano diplomático optó por mantener un perfil bajo. Se enfrenta a una orden de detención, ya anunciada por el Ministerio Público y sugerida por el propio mandatario.
El chavismo, mientras tanto, tocó dos teclas. Por un lado, endureció la represión, con detenciones de colaboradores de primera línea de Machado y González Urrutia, buscando la desmovilización de los simpatizantes opositores. Por otro, se atrincheró. Es decir, se pertrechó para un posible aumento de la presión, interna y externa. Maduro se niega a enseñar las actas electorales que prueben su victoria, a pesar de los registros publicados por sus adversarios que afirman lo contrario, el demoledor informe de uno de los pocos organismos de observación independiente como el Centro Carter y las denuncias que salen incluso del Consejo Nacional Electoral (CNE). El rector principal de la autoridad electoral, Juan Carlos Delpino, reportó esta semana graves irregularidades en el proceso y acto seguido fue destituido.
Con todo, el sucesor de Hugo Chávez da por hecha su victoria, no se aviene a entablar una negociación con la oposición y rechaza la mediación ofrecida también por gobiernos de izquierdas como el brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano de Gustavo Petro o el mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Volver a vivir una etapa de aislamiento en el tablero internacional tampoco parece importarle demasiado. Los cambios anunciados en el Gobierno venezolano esta semana ratifican la voluntad de fortalecer al núcleo duro del presidente, que puso al frente del Ministerio de Petróleo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello al mano de Interior y Justicia, con responsabilidades sobre los cuerpos policiales. El nombramiento de este último es especialmente significativo, ya que el veterano dirigente es uno de los azotes más implacables contra la oposición.
La estrategia de Maduro no es nueva. Busca el desgaste o el desistimiento de sus rivales. En paralelo a la movilización convocada por la oposición, el chavismo escenificó frente al Palacio de Miraflores un cierre de filas con el mandatario. Este instó a González Urrutia, que lleva un mes resguardado en un lugar seguro, a “dar la cara”. Aunque también especuló con una posible fuga y habló de ponerle “los ganchos” por no comparecer ante el fiscal. El clima de tensión y temor se ha hecho cada vez más palpable con el paso de las horas.
La caída del sistema eléctrico lo precipitó todo. Desde la primera comparecencia del ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, hasta el balance ofrecido por la noche por el presidente, todos los dedos señalaron a la oposición y alimentaron la tesis del sabotaje orquestado en el exterior. Maduro aseguró que gracias a “las protecciones” puestas a la Central Hidroeléctrica de Guri, al sur del país, se evitaron más daños. El Gobierno acusó a “la derecha fascista”, como suele llamar a la alianza liderada por María Corina Machado y González Urrutia, y al “imperialismo estadounidense” de planificar el supuesto ataque contra el principal nodo de generación de electricidad del país. No obstante, no presentó pruebas. “Fue el papá de los ataques, pero los sistemas de protección que hemos puesto han funcionado. Defendimos al Guri para el país”.
La comparación con 2019 no es casual. Tanto entonces como ahora, la oposición atribuye estas fallas eléctricas a la precariedad y a la falta de mantenimiento de la red. Sin embargo, para el aparato chavista se trata de la premisa perfecta para poner en marcha planes especiales de contingencia y aumentar el control policial y militar. “Estamos mejor preparados y en mejores condiciones que cuando recibimos los ataques del prófugo de Juan Guaidó”, enfatizó Maduro, quien agregó que “una cuenta llamada Anonymous, al servicio de la guerra del odio contra Venezuela, amenazó en varias oportunidades con un apagón nacional”. “Las investigaciones están avanzadas, aceleradas, se van a profundizar”, continuó antes de hablar de “una sala de guerra de los fascistas” que está en Estados Unidos. El apagón nacional registrado en marzo de 2019, que dejó a gran parte del país sin luz durante tres días, supuso uno de los episodios más dramáticos de esa crisis. El chavismo lo aprovechó para endurecer el cerco, judicial y policial, a sus adversarios, que en su mayoría tuvieron que esconderse o, con el paso del tiempo, abandonar el país.
Fuente EL PAÍS
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