El espía-detective privado israelí, Amit Forlit, fue dejado en libertad en Londres. El individuo tenía orden de captura con alerta roja de Interpol por conspiración y hackeo, incluyendo espionaje ilegal a favor de un poderoso estudio de abogados Dechert LLP, supuestamente contratado por el fondo buitre Elliot Management.
Según el expediente, Forlit cobró 20 millones de dólares, por hackear mails y comunicaciones relacionados con la deuda externa argentina. Asombrosamente, la denuncia no la hizo ningún político ni fiscal argentino, sino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En el caso de Forlit, parece que tuvo licencia para espiar la deuda, pero después se metió con un poderoso empresario de la aviación norteamericana, Farhad Azima. Ahí lo cortaron.
Sin embargo, el episodio en Londres es más que sospechoso: la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido explicó que “hubo un malentendido y no se presentó al acusado en tiempo y forma ante el juez”, por lo cual el magistrado de Londres-Westminster lo dejó en libertad. El rumor es que el preso terminaría declarando cosas inconvenientes.
Se supone que Forlit ya viajó a Tel Aviv, aunque sigue pesando la orden de captura, con alertas rojas, en su contra.
Una extraña inacción
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó informes sobre las movidas de los fondos buitres contra el país, pero nunca hubo ningún tipo de causa judicial para denunciar el espionaje ilegal, hackeos de los correos electrónicos, de los mensajes de Whatsapp o Telegram y campañas sucias contra la Argentina. Alexander Nix, cabeza de Cambridge Analytica, confesó ante la Cámara de los Comunes en 2018 que trabajaron en la Argentina en una campaña anti-Kirchner, usando datos ilegalmente tomados de Facebook.
La acusación por la que se pide la captura con alerta roja es por “conspiración por realizar hackeos de computadoras; conspiración por hackear correos electrónicos y fraude electrónico”. El otro término que utilizan es el de piratería informática y hasta hablan de chantaje. Lo impactante es que la acusación proviene del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y, por esa razón, actuó en Londres la abogada Amy Labran, representando a Estados Unidos.
Argentina no presentó denuncia. Tampoco hubo ninguna iniciativa después, desde el estado -a través de Cancillería- ni de la política, para que esos espías a sueldo sean condenados y, sobre todo, para que no queden impunes los mandantes: los fondos buitres. Aún así, todo indica que el caso Forlit no está cerrado: sigue con pedido de captura y con mucha información sobre la trastienda de las operaciones ilegales contra la Argentina.
Una historia de espías
Según se cuenta en el mundo del espionaje, a estos detectives-espías “privados”, los dejan actuar en Estados Unidos, pero el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por las siglas en inglés) los tienen vigilados. En general son ex espías de la Mossad israelí, y los MI-5, MI-6 y GCHQ, los tres ingleses, o de las numerosas agencias de Estados Unidos. Hacen espionaje industrial, bancario, comercial y político y tienen un permiso tácito para funcionar. Es más, no faltan entidades oficiales que los contratan. Esos ex agentes hicieron muchas relaciones cuando trabajaban para los gobiernos y las explotan al pasarse al mundo privado. Eso, hasta que hacen un trabajo que no deben.
En este caso, Forlit habría trabajado contra un poderoso empresario norteamericano-iraní de Kansas City, operador aéreo, pero también inversor en un fondo de Emiratos Arabes Unidos. El ex espía israelí habría hackeado unos 700 mails y se usaron para acusar al empresario de engañar al fondo de inversión. El caso puso en marcha demandas judiciales en Estados Unidos y Gran Bretaña y de esa manera arrancó la ofensiva contra Forlit. En la investigación apareció también el espionaje ilegal contra la Argentina y el pago a Forlit de 20 millones de dólares “por trabajos de inteligencia sobre la deuda externa”.
Antecedente parecido
La explicación del mundo de la inteligencia es que, muy posiblemente, el hombre, encarcelado, tendría un listado de empresarios y poderosos para “entregar”, es decir, personas que lo contrataron. Es lo que ocurrió con otro israelí, Aviram Azari, quien en noviembre pasado se declaró culpable de piratería informática y admitió el hackeo, por ejemplo, de organizaciones ecologistas que accionaban contra Exxon Mobil. Azari recibió una pena de más de seis años de prisión, la mitad en libertad condicional, pactando con los fiscales y suministrando nombres de quienes lo contrataron -por ahora no se revelaron- y de hackers de la India que hicieron el trabajo sucio.
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