La acusación de racismo contra RD en una anterior alerta de viaje fue discutido en la visita de Wendy Sherman al presidente Luis Abinader SANTO DOMINGO.- Los congresistas estadounidenses Adriano Espaillat y María Elvira Salazar informaron por separado que el Departamento de Estado decidió emitir una nueva alerta de viaje sobre República Dominicana en la que retira la advertencia de racismo contra los visitantes al país, pero mantiene las recomendaciones por la delincuencia. El Departamento de Estado colocó una nueva alerta de viaje referente a República Dominicana en la que ubica al país en nivel dos, la segunda mejor valoración que hace a sus ciudadanos que quieren visitar algún país. La nueva alerta del Departamento de Estado, aunque mantiene las mismas recomendaciones que anteriores con relación a precaución por la delincuencia, no incluye lo referente a supuestas prácticas racistas contra ciudadanos norteamericanos de color negro la cual estaba contenida en una alerta del 19 de noviembre pasado. El senador demócrata de origen dominicano Adriano Espaillat informó en sus redes sociales la eliminación de la alerta anterior. “Después de mis solicitudes al secretario (Antony) Blinken y al Departamento de Estado, se emitió un nuevo aviso de viaje para la República Dominicana que eliminó la alerta anterior a la que María Elvira Salazar y yo nos opusimos”, manifestó. Mientras que por la misma vía la representante (diputada) republicana María Elvira Salazar dijo alegrarse por la medida y señaló que República Dominicana nunca debió ser acusada de racista. “Me alegra la suspensión de la alerta de viaje a República Dominicana, gracias al esfuerzo de Adriano Espaillat y mío. Queda mucho por trabajar junto al presidente Luis Abinader para eliminar las consecuencias de esta calumnia. Así de simple: RD nunca debió ser acusada de racismo”. Las imputaciones de que en los controles migratorios de los aeropuertos dominicanos se retenían a visitantes norteamericanos negros al confundirlos con haitianos por el color de la piel fue ampliamente repudiado y tanto los legisladores como el gobierno dominicano pidieron evidencias que sustentaran esa imputación, las cuales hasta el momento no han sido presentadas. La alerta anterior fue emitida por el entonces encargado de negocios de Estados Unidos y encargado de la embajada, Robert Thomas, quien tampoco mostró las evidencias que sustentaran la imputación de que en los aeropuertos se detuvieran ciudadanos norteamericanos por el color de la piel. Delincuencia El departamento de Estado mantiene a República Dominicana en el nivel dos de alerta para sus ciudadanos, con recomendaciones de tomar medidas contra la delincuencia aunque reconoce que las zonas turísticas están mejor vigiladas. “El desarrollo de un cuerpo de policía turística profesional, la institución de un sistema 911 en muchas partes del país y una concentración de recursos en las áreas turísticas significa que estas tienden a estar mejor vigiladas que las áreas urbanas como Santo Domingo”. Señala que la amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil constribuyen al alto nivel de criminalidad. Visita de Sherman La queja del gobierno dominicano fue planteada de manera directa a la Secretaria de Estado Adjunto Wendy Sherman durante su visita a República Dominicana hace dos semanas y durante la que sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader. Sherman destacó la estabilidad política y social dominicana y sorprendió con colocar en sus redes sociales un video en la que recorría la zona colonial y exhortaba a visitar República Dominicana. En ese momento esa acción se tomó como un desagravio al comunicado anterior y coincide con que el nuevo comunicado días después de su visita oficial. La alta funcionaria destacó que este país es uno de sus principales aliados en la región y colaborador en la lucha contra el crimen organizado y la defensa de la democracia en la reunión.

 

l compromiso electoral alcanza un parque público de 113.000 viviendas públicas para alquiler asequible, al sumarse a otras 43.000 financiadas con fondos UE y a las 50.000 del plan Sareb.

Por Iván Gil / K.A.P.

El Gobierno impulsará la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa a través del Sepes (Sociedad Pública Empresarial de Suelo). Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este martes en el Senado. Estas 20.000 viviendas públicas y de «alquiler asequible» son adicionales a las 12.000 viviendas de la denominada operación Campamento que ya se ha activado en el sur de Madrid. Los detalles de este plan se llevarán próximamente para su aprobación al Consejo de Ministros, según fuentes de los ministerios implicados. 

Junto a las 50.000 viviendas públicas para alquiler asequible dentro del plan Sareb y otras 43.000 que se financiarán con créditos ICO, la movilización de viviendas comprometida por el Gobierno en los últimos días asciende a un total de 113.000 inmuebles para incrementar el parque público. El presidente del Ejecutivo ha confrontado estas cifras con las del anterior Gobierno popular, que, según criticó, apenas proyectó 1.600 viviendas en dos legislaturas. Un plan en el que los terrenos de Defensa son cruciales.

El mes pasado, el Consejo de Ministros autorizó varias enajenaciones significativas, como 215.000 m² a segregar del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR Getafe) —que serán comprados por el Ayuntamiento de Getafe por 35,4 millones de euros— o los 110.858 m² del Cuartel de Artillería de Son Busquets, en el núcleo urbano de Palma de Mallorca, por 43,2 millones.

Este mismo mes, el Gobierno autorizó al Sepes a comprar por 260 millones los terrenos que todavía no poseía en Campamento para cerrar la operación y acelerar uno de los proyectos de vivienda pública bandera de los socialistas. Tras formalizar la compra, el Sepes pasará a ser dueño del 93% de los casi 3,0 millones de m² de Campamento, desde el 12% que posee actualmente (unos 244.000 m²).

«Una vez se haga efectiva la transferencia de fondos en las próximas semanas, Sepes ejecutará la compra de las instalaciones del Ministerio de Defensa y estará en disposición de liderar una de las mayores operaciones de regeneración de suelo urbano para crear vivienda asequible de Europa. El objetivo inicial es desarrollar un mínimo de 10.700 viviendas públicas», explicó la referencia del Consejo de Ministros del pasado 4 de abril.

En total, el Sepes impulsa 10 proyectos residenciales en el marco del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (PVAA), con los que aspira a sumar más de 15.000 viviendas al parque público con una inversión estimada este año de 621 millones de euros. El objetivo de la institución es aumentar las localizaciones y superar las 30.000 unidades construidas en una década. Además de las mencionadas en Madrid y Palma, también hay planes de vivienda pública en terrenos del cuartel de Ingenieros y de Artillería, en Valencia; Ca n’Escandell, en Ibiza; Vasallo, en Menorca; Buenavista, en Málaga; Regimiento de Artillería, en Sevilla; así como otras actuaciones en Ceuta y Melilla.

Aumentar el parque público, cueste lo que cueste

El Gobierno sigue complementando así la ley de vivienda con actuaciones destinadas a aumentar el parque público. El objetivo del Gobierno es que una de cada cinco viviendas del parque público sean protegidas. Actualmente, este porcentaje se sitúa en el 3%. La política de vivienda, tras anunciarse el pasado viernes el acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu para sacar adelante una ley que regulará los alquileres, es uno de los grandes ejes programáticos para estas elecciones de los socialistas. Como complemento al tope a los alquileres, el PSOE se compromete a prohibir las concesiones de nuevas licencias de pisos turísticos en las ciudades donde gobiernen que tengan dificultades para el acceso a la vivienda.

Los socialistas buscan impulsar la campaña del 28-M con su política en vivienda. En este marco, la futura ley de vivienda agitará la campaña y busca la contraposición de modelos con el PP. Serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos las administraciones competentes para decidir la aplicación de las medidas enfocadas a la regulación de alquileres y otras cuestiones. Los candidatos deberán retratarse frente a un electorado que ha elevado este problema como una de las principales preocupaciones del país, según el CIS y encuestas privadas. No solo los autonómicos sobre la regulación de alquileres, sino también los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades, pues será su competencia aplicar medidas relacionadas con la subida del IBI para penalizar la vivienda vacía y forzar su salida al mercado para facilitar el acceso a la vivienda.

Las otras 43.000 nuevas viviendas públicas destinadas al «alquiler asequible», que Sánchez anunció la pasada semana en su comparecencia en el Congreso, se financiarán con una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros a cargo de los fondos europeos. Todas las actuaciones con financiación pública deberán cumplir dos condiciones: eficiencia energética y destino de la actuación a alquiler social o a precio asequible o cesión en uso durante al menos 50 años. Esta línea de financiación podrá ser para suelos o edificios en los que se desarrollen viviendas de titularidad pública o privada, teniendo estas últimas algún régimen de protección.

El plan Sareb aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, reserva otras 21.000 viviendas para poner a disposición municipios y comunidades autónomas. En otras 14.000 viviendas de este parque de la Sareb ya habitado, se impulsará el alquiler social y, finalmente, se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles por el denominado banco malo. Con todo, de las 21.000 viviendas que se destinarán a las CCAA y ayuntamientos, solo 9.000 están listas para destinarse de forma inmediata al alquiler social.

Las otras 12.000 precisan de diferentes obras de rehabilitación. Desde el Gobierno establecen en un periodo de entre seis y 12 meses el tiempo para que este otro paquete de viviendas reúna las condiciones de habitabilidad. La comunidad con más bolsa de viviendas de la Sareb es la valenciana, con 4.950, seguida de Cataluña (4.539) y Castilla y León (2.288). Madrid no aparece hasta la décima posición, con apenas 455. Todas estas viviendas a disposición de las administraciones autonómicas y locales, además, están orientadas principalmente a la venta.