EDITORIAL
El Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Roberto Álvarez, ha hecho una temeraria propuesta al presidente de la República, Lic. Luís Abinader, que ha caído como una gota de limón agrio sobre una profunda herida, y no es para menos.
Se trata, del intento por la continuación de la privatización de las instituciones del Estado, con la diferencia, que en esta ocasión recayó en los servicios consulares del país.
Al parecer, el Ministro de Exteriores Dominicano, desconoce los postulados de la Convención de Viena, ya que los servicios consulares, no se tratan de instituciones Estatales, sino del cuerpo diplomático del país, lo que no es lo mismo, que una empresa vendible y comprable.
Esta propuesta, ha traído como consecuencia, la indignación de la ciudadanía en general, sobre todo de aquellos ciudadanos que residen en el exterior, y hasta de algunos legisladores del país, por considerarla como una descabellada propuesta, que solo busca empeorar la situación, frente a todo aquel que requiere de dichos servicios.
Los precios se encarecerían, haciéndose impagables sin que estos servicios mejoren en calidad, tanto para el Estado, y muchos menos para los usuarios.
También, traería una detonante para los dominicanos residentes en el exterior, que se han convertido en líderes políticos y comunitarios, y que tienen la esperanza de ver sus trabajos políticos resarcidos, con la colocación en posiciones en los diversos cuerpos consulares.
Además, habría de tomarse en cuenta, que la diáspora dominicana entra al fisco nacional cerca del 20% del Producto Interno Bruto (PIB), cosa esta que debe ser vista por el estado dominicano, a la hora de tomar decisiones que atentan contra estos ciudadanos, sostenedores como columna principal de la economía del país.
Ante esta y otras decisiones tomadas por el Dr. Roberto Álvarez, en contra de sus conciudadanos residentes en el exterior, se hace necesario recordarles que como Ministro de Relaciones Exteriores debe echar una ojeadita a los acuerdos de la Convención de Viena, del cual la República Dominicana es signataria.
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