Imparcialidad judicial

 

Danilo Cruz Pichardo
danilocruzpichardo@gmail.com

    En muchos artículos periodísticos he reconocido que los expedientes divulgados por el Ministerio Público, en materia de corrupción, han estado bien sustentados. Es decir, los méritos y argumentos son suficientes.
    Sin embargo, las autoridades de la Procuraduría General de la República tendrían dos años en el mes de agosto, los casos investigados son contados y giran en torno al expresidente Danilo Medina, tales como hermanos, el procurador Jean Alain y otro puñado de antiguos funcionarios civiles y militares. Hay que exceptuar, naturalmente, a varios perremeístas que les atribuyen irregularidades al frente de funciones públicas. Ahí termina la labor en lo que respecta a corrupción pública.
    ¿Qué piensan hacer esas autoridades del Ministerio Público con los cientos de actos de corrupción que sacudieron al país durante 20 años de administración peledeísta? ¿O acaso Danilo Medina, sus hermanos, Jean Alain, miembros de la seguridad personal, testaferros y la pastora son los únicos corruptos en este país?
    Usted puede ser objetivo en los casos investigados, pero si exhibe conducta selectiva, parcial, cae en la manipulación. Y como me siento viejo para que me manipulen, podría retirarle apoyo a ese Ministerio Público. Desde hace rato se está enseñando el refajo, por iniciativa propia o por encomienda.
    Aquí nunca se había combatido la corrupción pública, razón por la cual muchos se sienten satisfechos, pero a fin de cuentas es poco lo que se ha hecho y apuntando hacia una sola dirección, lo que ofrece espacio para interpretar razones personales.
    Algo más: para recuperar dinero sustraído del Estado se alega la falta de aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, lo que no debe esperarse, por los obstáculos de muchos legisladores, porque desde el punto de vista constitucional (ver Art. 146, numeral 4) se puede tomar los bienes robados de las arcas públicas.
    La Ley de Extinción de Dominio simplemente ofrecería detalles de lo expresado por la Constitución, pero todos sabemos los intereses que se mueven en el Congreso y esa norma jurídica podría correr la misma suerte del Código Penal.
    Posiblemente el suscrito se apresura en la emisión de juicios o estoy equivocado –cada rato me equivoco–, pero hasta el momento no observo una actitud imparcial en el Ministerio Público ni la férrea voluntad de combatir la corrupción sin miramiento de sector.