Compañías de servicios dejan brechas abiertas a todo tipo de
especulación
El Banco Central es el único emisor de los billetes y monedas
de circulación nacional, y tiene por objetivo velar por la estabilidad de los
precios, según lo expresa el Artículo No.228 de la Constitución de la
República.
Sin embargo, son muchas las instituciones, sobre todo
aquellas empresas de bienes y servicios que accionan en el país sin el debido
apego a dicha Constitución, violando con ello todos los preceptos ante los ojos
de los organismos que deben velar por el cumplimiento de nuestra Carta Magna,
no siendo así, debido a la falta de control gubernamental.
Desde hace varias semanas nos hemos dedicado a la
investigación sobre el presente tema, determinado con ello la burda forma en
que de manera silente, varios sectores de poder económico han introducido un
dominio avasallante sobre el ciudadano común, que ve como cada día se le
ahuyenta todo tipo de actividad, limitando su acción como lo consignan los
derechos ciudadanos.
Al referirnos siempre a la forma silente en que estos
sectores han perforado las necesidades del ciudadano, sin importar que solo un
grupo reducido de la sociedad tiene acceso a los beneficios y participa haciendo
el juego al sistema capitalista, aún consciente de que se están dejando pasar por debajo de la mesa, y es ahí donde
se encuentra el perro enterrado.
Las empresas de bienes y servicios del país desde hace
décadas vienen introduciendo con gran empuje un sistema silente de
dolarización, no así ocurre con las Renta-Card
(alquileres de vehículos) que lo hacen de manera descarada y
estrepitosamente, imponiéndoles de manera obligatoria a los alquiladores de
autos, con la dolarización, y como en
todos los casos en complicidad con los organismos Estatales, cuando estos no
muestran ningún interés en obligar que al menos se apliquen los artículos de la
Constitución de la República y se respeten nuestra leyes, en lo que se refiere a la moneda de circulación
nacional, siendo el peso dominicano; y permitiendo que estas empresas trabajen
con libre albedrío sin ningún miramiento o control.
Las empresas Renta-Card se han convertido en estafadores de
manera directa o indirectamente cuando estas obliga a sus clientes a ejecutar
sus operaciones mediante el uso de Tarjetas de Créditos, con la finalidad de
que si al momento de la devolución del vehículo rentado persiste algún daño,
este será tazado mediante dichas tarjetas, sin embargo echan de lado la
existencia de un seguro de riesgo obligatorio, quienes en tales casos cobran el
mismo daño por el seguro y por la tarjeta de crédito, afectando con ello el
presupuesto personal del tomador del vehículo
rentado.
Resulta que a la hora de tomar un vehículo en alquiler, los
requisitos son los siguientes: Permiso de conducir vigente, seguro de riesgo,
que aunque va por Renta-Card, en caso de daños significativos estas empresas
cobran por el seguro y por la tarjeta.
Los precios son calculados en dólares, aunque la República Dominicana no es productora de
dólares, ya que su moneda es el peso dominicano, como está consignado en el Artículo
228 de nuestra Constitución.
Esta situación viene permitiendo todo tipo de conjetura, pues
estas empresas de servicios, dejan abierta una brecha que permite mirar detrás
del espectro comercial, donde se esconden posibles movimientos ligados al
lavado de activo, y esto en la mayoría de este tipo de empresa que funcionan
mediante el mismo sistema.
En realidad este tipo
de negocio, mayormente es utilizado como traba o cebo para el lavado de activo
y además, los cobros en dólares fortalecen esa presunción al cultivo de
especulación. Es decir: los negocios de servicios manejan cifras económicas disfrazadas
en base en la oferta y la demanda, sin que nadie observe bien con una lupa
detrás del cristal, porque de hecho ellos cobran en dólares o en su
equivalencia.
Denuncias hubo:
Son muchas las denuncias sobre casos sospechosos acontecidos
mediante los alquileres vehiculares, donde se han producido robos de vehículos
en alquiler, aún poseyendo sistema de bloqueo anti robo.
Con esta acción se presume la existencia de estafa escondida
detrás de las Tarjetas de Créditos, ya que estos vehículos solo podrán ser
movilizados de cualquier aparcamiento mediante el uso una llave original del
propio vehículo, ya que en caso de robo la Renta-Card por cada vehículo robado
cobra una determinada suma en dólares, debitada de la tarjeta bancaria puesta
en garantía.
En la República Dominicana las empresas Renta-Card están
todas en mano de sectores poderosos, evitando a como dé lugar ser vigiladas por
los organismos competentes, porque en este país el que exhibe el poder
económico, impone las reglas.
En conclusión el Estado debe echar una miradita a estas
empresas de servicio y proteger a los consumidores, en este caso, los tomadores
en alquiler de autos a través de la Renta-Card y obligar a que se acojan a la
Ley Monetaria Dominicana o/y a nuestra constitución.
Por Olga Capellán.-
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