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| Polón Vasquez |
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| Olga Caspellán |
Hace tiempo se
viene hablando de una posible Reforma Policial y ahora casi convertida en una
realidad, tras la resolución del Congreso Nacional Dominicano que da luz verde
para que la misma se convierta en un hecho sin precedente, al aprobar una Ley
Orgánica en dos lecturas consecutivas, aunque la misma solo se hizo de forma y
no de fondo, al no establecer un escalafón salarial, que garantice una vida
digna a cada uno de sus miembros sin tener que recurrir al macuteo, negocios
ilícitos, peaje y a la extorsión, prácticas convertida en una cultura diaria en
los diversos organismos coercitivos y represivos del Estado.
Tras la situación
en que viven los agentes policiales y los reiterados escándalos por hechos dados
y cometidos por la mayoría de los agentes del “orden Público”, pero gran parte
de la ciudadanía es de opinión que la Policía Nacional no necesita una reforma,
sino: una disolución inmediata de ese Cuerpo Coercitivo y Represivo del Estado,
por entender que este organismo hace tiempo se apartó de los preceptos para el
cual fue creado.
Este cuerpo más
que agentes del orden público, lo que parece es ser dinosaurios de la época
cavernaria, muestra de ello son los tantos casos que continuamente se vienen
manifestando en perjuicio de la población, y el mejor de los ejemplos los
expondremos a continuación:
Recientemente en
Boca Chica un joven de 23 años y con problemas mentales, agentes del orden
público le propinó una golpiza a puñetazos y con block, demostrando con ello que
los agentes policiales muestran señales de ser más enajenados que su propia
víctima.
De igual manera
resultó ser muy extraña la muerte del recluso Francisco Odaris Peña, que se
había entregado de forma voluntaria a la Policía Nacional en la ciudad capital,
tras ser acusado de haber participado en el asalto al Banco Ademi en la
comunidad de Jeremías en La Vega; estos
dos primeros casos acontecidos en el mes de junio y bajo la dirección del
general Nelson Ramón Peguero Paredes actual jede de la Policía Nacional.
La muerte de
Cecilio Díaz y William de Jesús Batista Checo en el 2009 durante la
administración de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quienes se encontraban
esposados y custodiados por una patrulla policial, al ser vinculados con el
secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez, hijo de un banquero de Nagua, y
además la desaparición del contable Lic. Juan Almonte (alias Guzmán) de quién
nunca más se supo de su paradero.
El caso DICAN
relacionado al tumbe de 1,200 Kilos de cocaína cometido por los agentes
policiales en un allanamiento realizado en la zona de Santo Domingo Este, en
contubernio con funcionarios judiciales, por las cuales algunos de ellos guardan
prisión y que fue llevado a cabo bajo el mandato del General Manuel Castro
Castillo.
Espectacular fue
la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo) en el año 1994, tras
este haber escrito un artículo criticando las acciones del entonces presidente
la república Dr. Joaquín Balaguer, este según versiones y tras haber sido
interceptado por la policía nacional, tampoco se supo de su paradero a pesar de
que del hecho han pasado más de 20 años.
Ahora es el propio
jefe policial que pide una reforma, el Congreso ordena un Ley Orgánica, pero la
misma es un arma de doble filos, dado que mediante la carencia, calidad,
categoría y la mediocridad es la única forma de poder mantener toda la
institución subordinada, subyugada é humillada para poder beneficiarse de ella:
recuerden que los actos más atroces han sido cometidos por agentes policiales en
su mayoría de altos rangos, muchos de los cuales en complicidad con algunos
miembros de la justicia.
Como mejor ejemplo
podemos citar: el asalto cometido en el Residencial La Mulata III en la ciudad
de Puerto Plata, en el cual murió el empresario Peter Ebert Demetrick, ciudadano
de nacionalidad alemana, donde los agentes cargaron con dos cajas fuerte
conteniendo más de 60 millones de pesos, joyas y relojes de la marca Rolex y
otros objetos de valores.
Para cometer el
asalto la policía primero le acusó de ser una secta religiosa violenta y
diabólica, dirigida por Peter Brunks, la acción criminal estuvo dirigida por los
coroneles Roberto Santos Salcedo, Raymundo de la Rosa Ogando, el teniente
Odennis Francisco Féliz y un escuadrón de más de 30 agentes policiales, quienes
se hicieron acompañar del fiscal de Sosúa, Ramón Cabrera Veras; este hecho
aconteció el día 16 de Octubre del 2012, para ese entonces fungía de jefe
policial el mayor general José Armando Polanco Gómez, y hasta la fecha el hecho
criminal queda pendiente de resolver entre las autoridades dominicanas y las
alemanas a quienes les deben una exhaustiva explicación.
El asalto a la
fabrica lechera Parmalat, un acto delictivo con agravante de robo y porte ilegal
de armas de fuego, en complicidad y asociación de malhechores, donde los
participantes fueron agentes de altos rangos de diversas instituciones de los
cuerpos represivos dominicanos, incluyendo de la Fuerza Aérea Dominicana, dos
capitanes, un mayor y varios agentes de menor rangos, y dos generales que
también fueron investigados sobre el hecho.
Caso Paya:
Aunque al mayor
Frederick Medina Abud lo excluyeran del expediente, ya contra él pesaba otro
hecho criminal, la muerte de un vecino suyo, dueño de una panadería, sin embargo
fue acusado por el único sobreviviente de la masacre de Paya, Orin Clinton
Gómez, en el cual fueron asesinados 7 personas de nacionalidad colombiana y
venezolana el día 7 de Agosto del 2008; el testigo dijo que Medina Abud fue
quien le sacó violentamente de la residencia donde se encontraban, en la que
también participaron los capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez.
Además, Miguel
Peña Figuereo, el capitán de corbeta Roberto Augusto Valdez, los tenientes de
navío Jesús Sánchez Peña, Jorge Luís Chalas George y Edward Mayobanex Rodríguez
Montero, el alférez Andrés Tapia Balbuena, lo que significa que en cada acto
delictivo que se cometen en la República Dominicana se encuentran las manos criminales de agentes
de altos rangos de diversas instituciones de los cuerpos coercitivos del país.
Pero el caso Paya
no fue ni será el más espeluznante que se ha cometido en el territorio nacional,
según informaciones dadas a conocer a través de Ciudad Oriental, el principal
medio informativo de Santo Domingo Este, dos años antes fueron asesinadas 9
personas en “La Lomota”, comunidad de Altamira, todos cometido por agentes de la
DNCD, y según se dijo los actuantes lo hicieron cumpliendo órdenes superiores,
aunque nunca se identificó quienes las
impartieron.
De igual manera
Normando García (alias Azabache) camarógrafo de Santiago de los Caballeros, que
filmaría los hechos, este fue burlado por los agentes é impedido de grabar las
escenas y fue asesinado un año y medio después.
También la matanza
de Yaguate tuvo las manos criminales de agentes policiales, donde murieron 4
personas, incluyendo a Copelin, reconocido sicario de La Romana, un chofer, un
agente policial y otro ciudadano.
Harold Manzano
García, que se desempeñaba como el piloto ocasional del entonces presidente de
la república, Dr. Leonel Fernández, quien operaba un helicóptero Bell-430, fue
también acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes y dar soporte
logístico a avionetas que lanzaban pacas de drogas en la zona sur del país, en
la que también 2 de sus hermanos guardan prisión ligado al tráfico de sustancias
prohibidas.
Francisco Antonio
Hiraldo Guerrero, jefe de operaciones de la DNCD, que durante 15 años trabajó
para esa institución, fue extraditado a los EE.UU. vinculado a red del Don
Quirino Ernesto Paulino Castillo, capitán del Ejército Nacional, y que guardo 10
años de prisión en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos luego de
haber sido juzgado en el distrito sur de la ciudad de Nueva York.
Dentro de ese
vaivén la capitana Raysa de la Cruz Olivares, supuestamente fue denunciada por
Ramón Antonio Puente (alias Toño Leña) según informaron diversos medios de
prensa nacionales, sin embargo ella desmintió haber tenido problema con la
justicia, la ex oficial del ejército en el 2013 fue merecedora con el premio “La
Agente del Año” por su gran labor desempeñada a favor de la institución
antidroga.
Lo cierto es que
después de tantos hechos criminales cometido a los largo del territorio
nacional, el pueblo dominicano está seguro de que si se disuelve la Policía
Nacional, el país respiraría un clima de tranquilidad, paz y sosiego y al mismo
tiempo nos libraríamos de las atrocidades que diariamente comete esa banda de
malhechores, aunque sabemos también que existen agentes serios dentro de la
institución y que no merecen ser catalogados como tal, pero ya la ciudadanía
está cansada é impotente de ver como las autoridades dominicanas se han sentado
solo a ver que pasen los hechos.
La Policía
Nacional, bien podría llamarse institución del “Desorden Público”, porque está
llena al parecer de enajenados mentales, delincuentes comunes, malhechores,
narcotraficantes, sicarios y tigres selváticos, donde la institución todavía se
entrena con las mismas metodologías trujillistas, es por ello que ante el
fracaso de ese cuerpo coercitivo del Estado Dominicano, procede entonces
disolverlo para que vuelva la tranquilidad y el sosiego a todo el país.
Por último y ante
tal situación se concluye que la Policía Nacional y los diversos Cuerpos
Represivos del país no necesitan reformarse, sino una disolución inmediata para
crear nuevas instituciones capaces de proteger a la ciudadanía en general,
tomando en cuenta que fue por lo que se creó, y no para servir de órganos impone miedo a toda la población, ya que la misma solo siente temor de ella.
Por Olga Capellán y Polón Vásquez
