Mediante un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha anunciado que el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el apoyo a los ataques del Gobierno de Daniel Ortega “a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión de las organizaciones de la sociedad civil”.
El secretario estadounidense ha justificado que la medida responde al cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y de la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) dictado por las autoridades del país centroamericano.
Las autoridades nicaragüenses cerraron la INCAE por incumplir con sus obligaciones conforme la Ley. Asimismo, anunciaron, en agosto, el cierre de la UCA por funcionar como “un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales armados”.
Hasta la fecha, ya son más de 1000 funcionarios nicaragüenses que han tenido restringido el visado por el país norteamericano que los acusa de ser involucrados en “los abusos a los derechos humanos”.
Desde 2018, Occidente ha establecido sanciones contra el Gobierno de Nicaragua, tras el encarcelamiento de los implicados en un golpe de Estado fallido en la nación centroamericana.
Durante estos años, ciertos países occidentales, bajo la justificación del respeto a los derechos humanos, han impuesto medidas coercitivas contra Ortega, su esposa y la vicepresidenta, Rosario Murillo, así como al sector industrial del país.
Por su parte, las autoridades nicaragüenses rechazan las acusaciones de EEUU en su contra y recalcan que la oposición trata de ejercer “terrorismo golpista”, con el apoyo financiero de Estados Unidos para incitar a la inestabilidad en el país y sacar del poder a Ortega.
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