En Londres, cientos de activistas salieron a las calles para protestar contra la Ley del Orden Público, en vigor desde hace más de dos semanas.
Trataron de ser lo más ruidosos posible; frente al Parlamento y a unos 500 metros de Downing Street, los manifestantes alzaron su voz contra una normativa – que aseguran – está diseñada para acallarles: La ley de Orden Público, recientemente aprobada, que da más poderes a la policía para actuar durante las manifestaciones y que restringe el derecho a protestar pacíficamente.
La nueva normativa permite a la Policía dispersar a manifestantes sin esperar a que haya incidentes. Y establece penas, de hasta un año de cárcel para las personas que bloqueen carreteras o calles, y de seis meses para las que obstruyan a otros individuos en la calle.
También permite a los tribunales, prohibir a ciertas personas estar en determinados lugares a ciertas horas; reunirse con personas determinadas; o usar Internet para fines determinados, y que además podría conducir a que la persona en cuestión sea vigilada de forma electrónica, para garantizar su cumplimiento con estas normas.
La normativa se dirige abiertamente contra grupos como Black Lives Matter, Extinction Rebellion y Just Stop Oil, y el movimiento antimonárquico República, que han estado utilizando tácticas disruptivas en sus protestas contra el gobierno.
El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, ha instado al Reino Unido a anular la Ley de Orden Público, que según sostiene, es incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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