La comunidad internacional se muestra escéptica sobre la independencia de una comisión de investigación nacional tras las recientes masacres cometidas contra la minoría alauita en la costa de Siria.
En lo que parece ser una constatación del daño a la imagen del nuevo Gobierno tras la violencia en la costa siria, y en previsión del posible recrudecimiento de sanciones occidentales contra el país, el presidente interino Ahmad al Sharaa aseguró en una entrevista con ‘Reuters’ que las sanciones impuestas a Siria obstaculizan la capacidad de su Gobierno para controlar la seguridad y restablecer la estabilidad. Al Sharaa indicó además que la escalada de violencia en el país está vinculada a ataques por parte de leales al régimen de Al Assad y un Estado extranjero, sin revelar detalles adicionales.
Al Sharaa, que anunció la creación de una comisión nacional de investigación para depurar responsabilidades en la violencia contra los alauitas y las minorías de la costa, subrayó que los implicados tendrán que rendir cuentas «aunque sean los más cercanos a nosotros«, haciendo hincapié en el compromiso de su Gobierno de hacer justicia y no permitir que la situación actual se convierta en «una oportunidad de venganza» por agravios del pasado.
Al mismo tiempo, el presidente sirio se negó a revelar la identidad de los implicados en los recientes asesinatos, limitándose a decir que las autoridades están trabajando para descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. ¿Significa esto un cambio en la retórica que se utilizó al principio del ataque sobre la costa, que se había descrito como una persecución a los «restos del régimen de Assad»?
Un cambio de retórica propiciado por la presión occidental y las exigencias de rendición de cuentas
Con los sucesos de la segunda semana de marzo, Siria entró en una fase crítica, a medida que aumentaban los desafíos al nuevo Gobierno y el clima social se asemejaba a una olla a presión, amenazando con una prolongada explosión de seguridad. Los acontecimientos en la costa se convirtieron rápidamente en una crisis política y humanitaria que suscitó críticas internacionales generalizadas, especialmente tras las informaciones, vídeos y testimonios en directo de decenas de masacres contra civiles alauitas.
La creciente presión occidental y las exigencias de una investigación independiente y transparente llevaron al Gobierno de Al Sharaa a cambiar su retórica, pasando de centrarse en «eliminar los restos del antiguo régimen» a anunciar la formación de un comité de investigación, una medida que algunos describieron como «más una respuesta a la presión que un compromiso real con la rendición de cuentas».
Las organizaciones de derechos humanos denuncian «masacres» de civiles alauitas en la costa siria
El pasado fin de semana, la costa siria, en particular las gobernaciones de Latakia y Tartus, fue testigo de horribles actos de violencia que causaron centenares de muertos, entre ellos un gran número de civiles. Inicialmente, el Gobierno sirio adoptó una retórica centrada en «eliminar a los grupos armados afiliados al antiguo régimen».
En una declaración oficial, el presidente Ahmad Al Sharaa afirmó que las fuerzas de seguridad estaban «librando una batalla necesaria contra los remanentes de Al Assad que pretenden desestabilizar el país».
Sin embargo, las informaciones sobre el terreno publicadas por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación internacionales ofrecían un relato diferente, describiendo «masacres» y confirmando «ejecuciones masivas y desplazamientos forzosos de civiles alauitas». Estos informes desencadenaron una oleada de condena internacional y sometieron al Gobierno de Sharaa a una presión cada vez mayor para que exigiera responsabilidades a los responsables.
Presión estadounidense y europea
A medida que aumentan las informaciones sobre «crímenes sistemáticos contra las minorías», Estados Unidos y sus aliados europeos se han apresurado a presionar al Gobierno de Al Sharaa para que tome medidas concretas que garanticen que no haya impunidad.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió los hechos como «una masacre que no puede tolerarse«, y pidió «una investigación internacional independiente para identificar a los responsables de estos crímenes». Washington también advirtió de que «cualquier fracaso a la hora de lograr justicia podría exponer al Gobierno sirio a sanciones estadounidenses».
Por su parte, la Unión Europea emitió una enérgica declaración en la que subrayaba que «si no se hace rendir cuentas a los autores de las masacres, se suspenderá el apoyo político y económico al nuevo Gobierno». Francia y Alemania también exigieron la inclusión de observadores internacionales en cualquier comité de investigación para garantizar su transparencia.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación internacional imparcial, señalando que «las comisiones nacionales no siempre ofrecen garantías adecuadas de independencia y justicia». Ante estas presiones, el Gobierno de Al Sharaa se encontró en una posición incómoda, ya que necesitaba tomar medidas para contener la crisis, sin parecer completamente servil a las exigencias internacionales.
¿Un paso real o solo una respuesta a la presión?
En un intento de recuperar la iniciativa, Al Sharaa anunció la formación de un comité nacional independiente para investigar los sucesos de la costa, subrayando que el Gobierno «no cejará en su empeño de hacer rendir cuentas a quien se demuestre que está implicado en crímenes contra civiles».
Sin embargo, este anuncio fue recibido con escepticismo generalizado por grupos internacionales y de derechos humanos. Algunos consideraron que el comité no era verdaderamente independiente y que su objetivo era absorber la indignación internacional sin exigir realmente responsabilidades a los implicados.
Aunque en un principio acogió con satisfacción el anuncio, el Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que «cualquier investigación que no incluya la participación de expertos internacionales será insuficiente» y que «vigilará de cerca la aplicación del trabajo de la comisión y sus conclusiones».
Al mismo tiempo, Francia y Alemania subrayaron que «no reconocerán los resultados de ninguna investigación que no esté sujeta a la supervisión de la ONU» y señalaron que «el Gobierno de transición sirio tiene un interés directo en exonerar a determinados actores».
A nivel de organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional expresaron serias dudas sobre la capacidad de la comisión para trabajar libremente, al considerar que «carece de imparcialidad, ya que incluye a figuras cercanas a los servicios de seguridad». Por el contrario, Moscú y Pekín celebraron la formación de la comisión, argumentando que «Siria es capaz de investigar los hechos sin injerencias externas», dividiendo aún más las posturas internacionales sobre el asunto.
¿Conseguirá el Gobierno de Al Sharaa restablecer la confianza?
Mientras continúa el debate sobre la integridad de la investigación, Al Sharaa se enfrenta al verdadero reto de convencer a la comunidad internacional de la seriedad de la comisión, sobre todo porque cualquier fallo a la hora de ofrecer resultados transparentes y creíbles podría agravar el aislamiento internacional del Gobierno de transición.
Ante este escenario y en vista de los acontecimientos, el Gobierno de Al Sharaa tiene tres opciones principales:
– Seguir adelante con el comité interno sin supervisión internacional, lo que podría aumentar el escepticismo internacional y exponerlo a una mayor presión política y económica.
– Aceptar la participación de observadores de la ONU, lo que podría ayudarle a ganar legitimidad internacional, pero podría abrir la puerta a las críticas internas de los partidarios de la línea dura en el Gobierno.
– Postergar la presentación de resultados tangibles, con la esperanza de que el interés internacional por el asunto disminuya con el tiempo, una estrategia potencialmente arriesgada.
Los cambios retóricos del Gobierno de Sharaa tras los sucesos de la costa siria reflejan la dinámica de la política posconflicto, en la que reaccionar ante la presión internacional se convierte en un factor decisivo a la hora de configurar las políticas internas. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿Conducirá la comisión a una justicia real, o será simplemente una herramienta política para aliviar la presión?
El tiempo dirá si el Gobierno de Sharaa se toma en serio el cumplimiento de sus promesas, si puede ganarse la confianza de la comunidad internacional, o si se encontrará ante un aislamiento cada vez mayor, reproduciendo los errores del pasado.
Fuente: Euronews
