El expresidente de Filipinas fue detenido por la Policía Nacional a su llegada de un viaje a Hong Kong. Duterte fue arrestado en relación con un caso de crímenes de lesa humanidad presentado en su contra por su sangrienta guerra contra las drogas, informó el Gobierno filipino.
El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido por agentes de Policía en el aeropuerto internacional de Manila este martes por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con un caso de crímenes de lesa humanidad presentado en su contra por las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la guerra contra las drogas emprendida durante su mandato, como explicó el Gobierno filipino.
Duterte fue arrestado a su llegada de un viaje a Hong Kong y la Policía lo puso bajo custodia por orden de la CPI, que ha estado investigando los asesinatos masivos que ocurrieron bajo la férrea represión del expresidente contra el tráfico de drogas ilegales, dijo la oficina del presidente Ferdinand Marcos Jr. en un comunicado.
«A su llegada, el fiscal general notificó a la CPI una orden de detención contra el expresidente por el delito de crimen de lesa humanidad», señala el comunicado del Gobierno. «Ahora se encuentra bajo custodia de las autoridades«.
La detención causó un gran revuelo en el aeropuerto
La sorpresiva detención provocó una conmoción en el aeropuerto, donde abogados y ayudantes de Duterte protestaron vociferando porque, junto con un médico y abogados, se les impidió acercarse a él después de que fuera puesto bajo custodia policial. «Se trata de una violación de su derecho constitucional», declaró a la prensa el senador Bong Go, estrecho aliado de Duterte.
La oficina de Manila de la Interpol recibió una copia oficial de la orden de detención de la corte mundial, dijo el Gobierno. No está claro a dónde fue llevado Duterte por las autoridades. El Gobierno filipino confirmó que el exlíder de 79 años se encontraba en buen estado de salud y fue examinado por médicos gubernamentales.
Enviado a La Haya para rendir cuentas a la Justicia internacional
Un avión con el expresidente de Filipinas a bordo despegó este martes por la noche con dirección a los Países Bajos, apenas unas horas después de que Duterte fuera detenido en Manila tras una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad. Un arresto que Sara Duterte, hija del exmandatario califica de una «extradición a la fuerza».
El expresidente filipino tendrá que rendir cuentas a la Justicia por crímenes contra la humanidad en relación con su polémica y sangrienta gestión de lo que denominaba ‘guerra contra las drogas’. Según las informaciones locales, junto a Rodrigo Duterte subieron al avión su exsecretario Salvador Medialdea, un enfermero y un asistente.
El expresidente «debería haber sido trasladado a una corte local» para ser extraditado, señalaba Sara Duterte a los medios de comunicación desde las afueras de la base aérea de Villamor, desde donde despegó la aeronave.
Investigaciones de ejecuciones extrajudiciales bajo el mandato de Duterte
La CPI comenzó a investigar las ejecuciones extrajudiciales de civiles bajo el mandato de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún era alcalde de la ciudad sureña de Dávao, hasta el 16 de marzo de 2019, como posibles crímenes contra la humanidad. El político retiró a Filipinas en 2019 de la CPI en una medida que, según activistas de derechos humanos, tenía como objetivo eludir la rendición de cuentas.
Durante su mandato presidencial entre 2016 y 2022, los operativos impulsados por Duterte bajo el pretexto de una guerra contra las drogas mataron a unas 6.000 personas, según las cifras citadas por la Policía, aunque las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que hubo más de 30.000 asesinatos.
El Gobierno de Duterte se movilizó para suspender la investigación del tribunal mundial a finales de 2021 alegando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, argumentando que la CPI -un tribunal de última instancia- no tenía jurisdicción.
Los jueces de apelación de la CPI dictaminaron en 2023 que la investigación podía reanudarse y rechazaron las objeciones del Gobierno de Duterte. Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI puede intervenir cuando los países no quieren o no pueden procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Fuente: Euronews
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