viernes, 28 de noviembre de 2025

Guinea-Bisáu se suma a los países del ‘cinturón golpista militar’ del Sahel y África Occidental

Desde el año 2020, varios países de la región han sufrido golpes de Estado y los uniformados han tomado el poder en Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea, Chad y, desde este miércoles, Guinea-Bisáu

El miércoles 26 de noviembre, en pleno centro de Bisáu, se escucharon disparos que confirmaban la ejecución de un golpe de Estado en Guinea-Bisáu, tres días después de la celebración de elecciones generales. De esa forma, el país se sumaba a otros del cinturón del Sahel y de la costa occidental de África que han seguido el mismo camino desde 2020.

Un grupo de oficiales, que se presentaron en la televisión estatal como el Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional, anunció la detención del presidente del país, Umaro Sissoco Embaló, el cierre de las instituciones públicas, la suspensión del proceso electoral, el cierre de fronteras y el toque de queda. Este jueves, esa junta ha puesto al general Horta N’ta al frente de nuevo gobierno militar.

El golpe tuvo lugar apenas tres días después de las elecciones legislativas del 23 de noviembre, cuyos resultados oficiales todavía no se habían publicado, mientras que el propio Embaló y el candidato opositor, Fernando Dias da Costa, ya se habían declarado vencedores anticipadamente.

El contexto en el que se produjo el golpe incluye la exclusión de las elecciones del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), histórico partido del país; la disolución del Parlamento en 2023 por parte de Embaló y un clima hostil de detenciones a opositores y acusaciones de abuso de poder por parte del Ejecutivo. Aunque los militares afirman haber actuado para “restaurar el orden”, persisten dudas sobre las motivaciones reales de su intervención.

Un ciclo que se repite

Guinea-Bisáu no llega a este momento de repente. Desde su independencia de Portugal en 1974, el país africano ha registrado cuatro golpes de Estado consumados, además de una serie de intentonas. En 2003, 2010, 2012 y 2020 se registraron levantamientos, crisis militares o asesinatos políticos en la cúspide del Estado.

En 2022, en pleno asalto al palacio gubernamental, Embaló aseguró haber frustrado un intento de golpe “muy grave”, una declaración que ya entonces la oposición calificó como una maniobra política para reforzar su poder. Desde entonces, la politización del Ejército, las pugnas internas y la penetración de economías criminales, especialmente las redes de narcotráfico, han creado un escenario donde los equilibrios institucionales son frágiles.

El último episodio militar en Guinea-Bisáu no puede separarse del clima regional. Desde 2020, África Occidental y la región del Sahel han sido testigos de golpes miliares en Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger, Chad y Gabón. Como apuntan analistas, dicha secuencia ha debilitado la capacidad disuasoria de la Comunidad Africana de Estados de África Occidental (CEDEAO) y ha impulsado otras agrupaciones político-militares como la Alianza de Estados del Sahel (AES).

Las causas profundas del golpe

En una entrevista con elDiario.es, el experto de geopolítica internacional Sani Ladan explica que la crisis actual “no nace el 26 de noviembre”, sino que parte de un sistema político “muy frágil y personalizado desde la independencia”, donde las instituciones no funcionan como contrapeso y las élites han operado históricamente de manera informal. Según Ladan, Guinea-Bisáu combina tres factores estructurales: un Ejército altamente politizado, una clase política relacionada con redes económicas opacas y una falta crónica de instituciones independientes.

Las elecciones del pasado 23 de noviembre ya se celebraron bajo un marco inestable con la exclusión de la principal coalición opositora (la Plataforma Alianza Inclusiva – La Tierra Empieza), un clima de acusaciones de fraude y dos candidatos vencedores antes del anuncio oficial. Para Ladan, esto hacía que las elecciones fueran “muy disputadas y poco creíbles”.

El golpe de Estado se produjo justo el día antes de que la Comisión Electoral publicara los resultados oficiales. Entonces, los generales se presentaron en la televisión afirmando que actuaban para evitar una “manipulación del recuento”. Sin embargo, y como sostiene el analista, “la suspensión del proceso electoral, el corte de internet y la paralización de la comisión encargada del escrutinio encajan más con un intento de congelar un momento políticamente incómodo que con una medida para proteger la transparencia”.

¿Una narrativa militar creíble?

La versión oficial del Ejército de que intervino para “restaurar el orden” tiene, en palabras de Ladan, “credibilidad limitada”. El experto en política africana sugiere que, si realmente la prioridad hubiese sido garantizar la limpieza del proceso electoral, lo lógico habría sido asegurar la integridad de la Comisión Electoral y de los observadores internacionales, no detener al presidente y suspender el recuento.

Además, tanto la Unión Africana, como la CEDEAO y Naciones Unidas han descrito el movimiento como una ruptura del orden constitucional: “Nadie que esté observando el proceso sobre el terreno compra la idea de un golpe a favor de la democracia”, apunta Ladan.

En este escenario, el Ejército no aparece como un árbitro neutral, sino como “una de las facciones que se disputa el control del régimen en un momento de máxima incertidumbre”, señala Ladan. Además, subraya que el golpe actual no puede separarse de las maniobras previas del Gobierno: “La presidencia de Embaló ha recurrido repetidamente a la táctica del miedo al golpe, deteniendo a mandos militares, denunciando complots y cerrando espacios políticos. El lenguaje de la amenaza permanente se ha convertido en una herramienta de poder”.

En octubre, semanas antes de las elecciones, las autoridades detuvieron a varios oficiales acusados de preparar un golpe. Este patrón, según Ladan, muestra una “normalización del estado de excepción”. El clima de represión para justificar decisiones extraordinarias desde el poder ha ido generando una crisis permanente, según apuntas varios testimonios en el medio Jeune Afrique.

Las consecuencias del golpe
En la tesis de que el golpe ha interrumpido deliberadamente el proceso democrático, Sani Ladan identifica dos consecuencias previsibles. En el corto plazo, señala que habrá una concentración de poderes en manos de los militares, detenciones selectivas en el entorno del opositor, restricciones de libertades, control de medios y presión sobre la sociedad civil. La población ya utiliza VPN para sortear la censura.

En el plano regional, se prevé una respuesta firme. La CEDEAO podría suspender al país, como ya hizo con Mali, Burkina Faso y Níger, además de considerar sanciones. Otras organizaciones multilaterales y socios internacionales revisarán su cooperación y financiación: “Para un país pequeño, empobrecido y dependiente del exterior, el impacto será inmediato y lo sufrirá la población”, apunta Ladan.

Por otro lado, en el medio plazo, el país podría entrar en una fase de gobernabilidad mínima, en la que el nuevo gobierno cuente con escasa legitimidad interna y externa. La falta de instituciones y continuidad política podría profundizar las redes informales del narcotráfico y llevar a Guinea-Bisáu a convertirse en un “narcoestado”.

El país africano es la costa más cercana a América Latina y desde mediados de los años 2000 es uno de los principales puntos de tránsito de cocaína hacia Europa. En 2008, una tonelada de cocaína procedente de Guinea-Bisáu destinada al continente europeo valía 60 millones de dólares, equivalente al 6,5% del PIB nacional.


Ladan, la única vía realista para que el país salga de esta situación es establecer un marco de transición claro y supervisado por la sociedad civil y la CEDEAO, con una fecha definitiva para que los militares dejen el poder. Este proceso debería incluir una recomposición de las instituciones claves así como el abandono de la lógica de “todo o nada” por parte de los partidos políticos.

El elemento decisivo es la reforma del sector de seguridad. Guinea-Bisáu necesitará redefinir el papel del Ejército y poner fin a la instrumentalización mutua entre el poder militar y político. Sin ello, Ladan advierte de que el país seguirá atrapado en los mismos patrones: “Si no se reformulan los incentivos de las Fuerzas Armadas y no se profesionaliza su cadena de mando, estaremos aquí otra vez hablando de golpe, intento de golpe o simulacro de golpe”.

Fuente ELDIARIO.ES

Presidente de la JCE cita desafíos del sistema político electoral de la región y los pilares para enfrentarlos


Román Andrés Jáquez Liranzo disertó en foro nacional de expertos sobre el tema

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, disertó el miércoles en el «Foro nacional de expertos para conocer sobre el sistema político electoral de la región de América Latina y el Caribe» en materia electoral, un espacio que reunió a especialistas y autoridades para debatir los desafíos y situaciones que enfrenta el sistema electoral en la región.

En el marco del foro, Jáquez Liranzo, dictó la conferencia titulada: “Sistema Electoral en América Latina: desafíos y oportunidades para la democracia”, en la que contextualizó el nacimiento del modelo latinoamericano, detalló ocho desafíos que enfrentan los órganos electorales de la región y resaltó cinco pilares para enfrentarlos.

Los ocho desafíos comunes del sistema electoral de la región

Durante la jornada, el presidente del órgano electoral explicó que en años recientes surgió un repertorio de amenazas sofisticadas y difíciles de anticipar, que exigen fortalecer los mecanismos de protección institucional y adaptar la función electoral a un entorno más complejo y volátil.

Precisó que el primer desafío que enfrentan los órganos electorales son las estrategias de presión y deslegitimación institucional que buscan incidir en su desempeño y limitar su capacidad de acción tales como: la imposición de restricciones operativas, retrasos en la aprobación de recursos esenciales y propuestas legislativas dirigidas a modificar atribuciones o alterar la forma en que se designa a sus autoridades.

Citó como segundo desafío, los agentes de desinformación e inteligencia artificial. Indicó que la desinformación y el uso malicioso de tecnologías basadas en inteligencia artificial constituyen uno de los mayores desafíos para las autoridades electorales, debido a su capacidad de distorsionar información, confundir al electorado y alterar la conversación pública.

“La inteligencia artificial generativa facilita la producción de contenidos falsos altamente persuasivos. Los ´deepfakes´ de audios y videos permiten imitar voces y rostros con precisión, mientras que las manipulaciones simples o ´cheapfakes´ se viralizan con facilidad”, precisó.

Como tercer desafío mencionó los riesgos presupuestarios y operativos. En ese sentido, sostuvo que la falta de recursos suficientes y oportunos constituye uno de los peligros más críticos para el desarrollo adecuado de los procesos electorales, ya que cuando los fondos se aprueban tarde o de manera incompleta, los organismos deben adoptar medidas de contingencia que afectan la logística, la capacitación y la calidad técnica de las elecciones, así como la insuficiencia de capacidades para fiscalizar y sancionar infracciones.

Como cuarto desafío, indicó las amenazas a la integridad física y moral de los funcionarios electorales tras señalar que cuando las presiones institucionales y los riesgos operativos se combinan con ataques directos hacia quienes ejercen la función electoral, el impacto sobre la democracia se vuelve aún más grave.

Como quinto desafío, citó los ataques al diseño electoral latinoamericano, lo que se refleja en los intentos de modificar o reducir competencias esenciales de los órganos electorales que buscan desconfigurar el modelo extrapoder “clave para garantizar la imparcialidad, estabilidad y profesionalismo en la administración electoral”.

En el sexto desafío planteó la violencia política contra las mujeres y la lucha por la paridad, en ese aspecto, dijo que a pesar de que América Latina impulsó importantes reformas de representación, las mujeres continúan enfrentando agresiones, expulsión deliberada, ataques en redes sociales y campañas de desprestigio que buscan intimidar, silenciar o forzar su retiro de la vida pública y se agravan en el entorno digital.

Como séptimo desafío, destacó el financiamiento político ilícito y riesgos para la democracia. En ese sentido, consideró que la infiltración de recursos provenientes del narcotráfico, el lavado de activos y otras economías ilícitas se ha convertido en uno de los riesgos más graves para la integridad de los procesos electorales.

Finalmente, como octavo desafío, señaló el abstencionismo y apuntó que el aumento sostenido de la abstención constituye uno de los desafíos más preocupantes para los sistemas electorales de la región, tras señalar que la participación electoral tradicionalmente es un indicador de la vitalidad democrática y en la actualidad muestra una tendencia descendente vinculada a la desafección política, pérdida de confianza institucional, incertidumbre económica y saturación informativa “lo que dificulta la toma de decisiones”.

Pilares que fortalecen la función electoral

El presidente del órgano electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, expuso que los cinco pilares que fortalecen la función electoral en la región y ofrecen una hoja de ruta para enfrentar los desafíos son: 1) la confianza, 2) la profesionalización técnica y académica, 3) la transparencia activa y comunicación institucional estratégica, así como la resiliencia institucional; 4) la cooperación regional y el acompañamiento internacional; y 5) el papel de la sociedad civil, la cual se convierte en una aliada estratégica para las instituciones electorales.

Añadió que estas iniciativas crean un entorno de cooperación donde la sociedad civil no solo observa, sino que incide, acompaña y respalda el trabajo de las autoridades electorales.

“La democracia es un esfuerzo cotidiano. El único sistema político capaz de garantizar convivencia pacífica, respeto a la dignidad humana y canales legítimos para resolver nuestras diferencias. Y aunque sea imperfecta, sigue siendo el marco más seguro para proteger nuestros derechos, asegurar alternancia y construir un futuro basado en reglas compartidas, concluyó.

Participantes en el foro

En el evento, en el cual tuvo a su cargo las palabras de bienvenida Liza Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, estuvieron presentes los miembros titulares de la JCE, Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Rafael Armando Vallejo Santelises, así como los miembros suplentes, Prado López y Tony Tejeda, directores, subdirectores y colaboradores, entre otros.

Asimismo, participaron el juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Pedro Pablo Yermenos Forastieri; Raúl Fuentes Milani, embajador Unión Europa.

Este foro es un espacio concebido para promover el análisis, la reflexión y la construcción de propuestas orientadas al fortalecimiento del marco legal electoral en el país.

El encuentro fue organizado por Participación Ciudadana, en coordinación con el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y con el apoyo de la Unión Europea, como parte del Proyecto de Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres.

Dirección de Comunicaciones

Presidente Abinader respalda pacto nacional contra la violencia de género

 

Iniciativa establece ejes de protección, predicción y prevención de feminicidios y filicidios

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader expresó una vez más completo respaldo a la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar y se mostró a favor de la Reforma Integral ‘Déjala Ir’ y del Pacto Nacional por la Vida que le fue presentado por senadoras y diputadas de todos los partidos políticos y que establece ejes de protección, predicción y prevención de feminicidios y filicidios.

En el acto también participaron, la vicepresidenta Raquel Peña; la ministras, de Interior y Policía, Faride Raful, y de la Mujer, Mayra Jiménez; una de las hijas del presidente, Adriana Abinader; y la diputada Kinsberly Taveras junto a una representación de mujeres diputadas y senadoras.

El mandatario destacó la importancia de la unidad demostrada por todas las organizaciones políticas y diversos sectores nacionales para hacer frente a los problemas nacionales y cumplir con el objetivo primordial de salvar vidas, demostrando así sensatez, eficacia y eficiencia en sus responsabilidades.

“El pueblo dominicano quiere resultados. Y cuando entre todos dan resultados, fortalecemos realmente la democracia y la hacemos eficiente y eficaz”, indicó Abinader.

Continúo instando a “que sigamos trabajando juntos con todo el sector político, con todos ustedes y que esto no sea una propuesta de un partido político, ni la ejecución de un gobierno. Que esto sea un tema nacional”.

Al citar algunos avances logrados en su gestión de Gobierno, el jefe de Estado recordó que se aumentaron las casas de acogida de tres a 18, permitiendo a mujeres afectadas contar con un refugio seguro.

Asimismo, se creó una unidad especial en la Policía Nacional y los feminicidios registran un descenso de 233 en el 2011 a 51, entre enero y noviembre de 2025.

A pesar de la tendencia a la baja, fue enfático al reiterar que «una sola muerte es demasiado”, por lo que se comprometió a revisar los documentos recibidos y adaptar los recursos necesarios para su ejecución.

Déjala Ir

La Reforma Integral “Déjala Ir”, contempla una inversión de 5,000 millones de pesos para las labores de prevención, protección y predicción y establece la necesidad de un marco legal robusto y la ejecución de políticas públicas que permitan que la ayuda necesitada pueda ser brindada de manera oportuna, resaltó la diputada Kinsberly Taveras, autora de la pieza.

“La violencia de género desborda a cualquier gobierno y a cualquier ministerio y hay que protegerlo con un marco legal que funcione a través del tiempo y le dé continuidad”, conlcuyó Taveras.

Además, indicó que la pieza fue consensuada ampliamente por el 95% de los legisladores, incluyendo senadores y diputados y los presidentes de ambas cámaras.

También resaltó que actualmente en el Congreso hay 71 diputadas y 4 senadoras, resaltando así el rol activo de las mujeres en la sociedad.

Citó otros logros alcanzados en estos cinco años de Gobierno: la modernización de la respuesta estatal con tecnología, fiscalía especializada, crédito, presupuesto, reforma policial y fortalecimiento del Ministerio Público, así como comunidades de cuidado en la reducción del embarazo de adolescentes, la lucha contra el castigo físico y prostitución infantil.

Dirección de Prensa del Presidente

Detenida la exabadesa de Belorado y un anticuario

Se le acusa de apropiación indebida de patrimonio histórico

La Guardia Civil ha detenido a la que fuese abadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado (Burgos) –Sor Isabel de la Trinidad, cuando era religiosa, Laura García de Viedma en su vida civil tras el cisma–, y a un anticuario en el marco de un registro efectuado este jueves en el monasterio de Santa María la Bretonera de la localidad burgalesa.

El hermano y abogado la exabadesa, Enrique García de Viedma, confirmaba a Europa Press la detención, pero mantenía silencio sobre las causas y aseguraba que toda la comunidad y la familia de la exmonja estaba en «shock».

Según fuentes del instituto armado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos desarrolla una investigación por la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en dicho monaste

La investigación se inició tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado.

Se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y de receptación, según precisan fuentes de la Guardia Civil.

«Ha sido una sorpresa»

Las exreligiosas han publicado este jueves por la tarde un mensaje en forma de video en su cuenta de Instagram ‘Te hago luz’ en el que apuntaban que la Guardia Civil estaba «efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el juzgado de Briviesca», dentro de un procedimiento judicial del que desconocen. Apuntaban que carecían de «información precisa sobre los motivos» o el alcance de dicha actuación.

La portavoz ha aludido a que nadie les ha hecho saber que se iba a producir. «Ha sido una sorpresa», decía la cismática.

La comunidad, ha recordado la exreligiosa, ha procurado siempre «cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales» y administrativas colaborando lealmente con la autoridad cuando han sido requeridos para ello.

También ha apuntado a que no han cometido ningún delito y no tienen nada que ocultar.

Por eso afirman que no entienden cómo se ha llegado a esta situación «sin antes haber trabado» contacto con ellas y buscar una solución «menos aflictiva»

Fuente: Telemadrid