PABLO R. SUANZES
El Colegio de Comisarios de la UE ha recomendado este domingo la congelación de hasta el 65% de tres programas de Fondos de Cohesión adjudicados a Hungría aplicando por primera vez desde su creación el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho. La medida, que bloquearía hasta 7.500 millones de euros, un tercio del total de los recursos de Cohesión del país, busca una reacción en Budapest ante las reiteradas violaciones de las normas comunitarias, los problemas de independencia judicial y las deficiencias sistemáticas en los controles públicos y la lucha contra la corrupción.
Lo que hace la Comisión es una propuesta al Consejo, esto es, a los gobiernos nacionales, para que ahora tomen una decisión. Corresponde a embajadores y ministros, y quizás en última instancia a los jefes de Estado, decidir si paralizan esos fondos o confían en las promesas de Viktor Orban. El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, ha explicado esta mañana que los peligros para las finanzas continentales están probados, pero ha reconocido que las ideas del Gobierno húngaro para resolver la situación podrían ser suficientes si, de verdad, convierten en ley lo que están asegurando que harán.
«El Gobierno húngaro ha hecho hasta 17 propuestas. Estas medidas suponen importantes compromisos públicos en la buena dirección y damos públicamente la bienvenida, aunque sea tarde. Algunos ejemplos son una autoridad independiente con poderes amplios para las adjudicaciones o una task forcé anticorrupción trabajando con ONG especializadas, o retocar el código penal. Estas propuestas podrían, en principio, ser capaces de resolver los problemas descritos si, y esto es importante, se llevan adecuadamente adelante y se implementan apropiadamente. Pero de momento son sólo ideas y está pendiente, sobre todo, de cómo se reflejarán en el texto legal», ha indicado el comisario austriaco.
Tras años de disputas y muchos meses de intenso trabajo técnico, la Comisión considera más que probado que las deficiencias húngaras, más allá de los choques ideológicos, ponen en peligro las finanzas comunitarias. El mecanismo de condicionalidad para el Estado de Derecho se logró introducir hace un par de años precisamente para dotar a las instituciones de armas con las que ‘castigar’ a quienes no respetan los valores continentales, los procedimientos y reiteradamente ignoran decisiones, multas e incluso sentencias de la Justicia. Nació de la mano del Presupuesto comunitario para el periodo 2019-2024. Hungría y Polonia, sabiendo que eran candidatas potenciales para sufrirlo, lo bloquearon durante un tiempo. La Comisión Europea se comprometió a no activarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciara sobre la legalidad del instrumento. Eso ocurrió este año y ahora, pero fijando algunos límites. No basta con que haya violaciones demostradas, dijo, sino que para que pueda haber sanciones económicas tiene que estar claro que haya un vínculo entre los problemas identificados y el Presupuesto de Unión.
De ahí que la Comisión ponga en la diana 7.500 millones, un tercio de los fondos de Cohesión, ‘nada más’. O que Polonia, que estaba en una situación similar el año pasado, no se vea afectada. «Hay diferentes instrumentos para diferentes situaciones. El mecanismo fue llevado ante el TJUE y hubo una sentencia clara diciendo que la regulación cumple con los Tratados, pero también estableció de forma detallada cómo puede ser aplicado. Y debe haber un vínculo claro para que haya riesgo al Presupuesto europeo. En el caso polaco la independencia judicial es un problema, pero no hemos encontrado pruebas de que haya ese vínculo claro y suficiente con el Presupuesto. Así que el caso polaco se sigue adelante mediante otros mecanismos (…) Según la decisión del TJUE debe haber una respuesta adecuada y proporcional. Hemos identificado las áreas de los fondos en las que el Presupuesto está en riesgo, por ejemplo en adjudicaciones de contrataciones públicas. Hemos escogido los programas que en el pasado el más alto número de contrataciones, una media del 95% del total de gasto será así. Por eso hemos escogido esos programas», ha explicado el comisario.
Su equipo recoge en su documento «irregularidades sistémicas, deficiencias y debilidades en los procedimientos de contratación pública; alta tasa de procedimientos de licitación única y baja intensidad de competencia» en los procedimientos de contratación», así como denuncia que hay trabajas a la «investigación y el enjuiciamiento de presuntas actividades delictivas», en particular los casos de corrupción de alto nivel. La conclusión de la Comisión es que las medidas propuestas por Oban podrían, en principio, remediar los problemas en cuestión, «si se detallan correctamente en las leyes y normas pertinentes y se implementan en consecuencia. En espera del cumplimiento de los pasos clave de ejecución, la Comisión considera que en esta fase sigue existiendo un riesgo para el presupuesto. Esto explica la decisión de hoy», ha explicado Hahn.
El Consejo dispone ahora de un mes para decidir si adopta tales medidas por mayoría cualificada. Este plazo podrá prorrogarse por un máximo de dos meses más en circunstancias excepcionales, según las normas. «Mientras tanto, la Comisión seguirá de cerca la situación y mantendrá informado al Consejo de cualquier elemento relevante que pueda tener un efecto en su evaluación actual. Hungría se ha comprometido a informar completamente a la Comisión sobre el cumplimiento de los pasos clave de implementación antes del 19 de noviembre», ha añadido el comisario. Entre ellas, por ejemplo, la formación de los órganos independientes y las autoridades anticorrupción, que no pueden tener miembros que sean parte de partidos políticos o hayan tenido responsabilidades en el último lustro, por ejemplo. La oposición húngara considera que dado que Orban ha ido minando la independencia de todos los órganos, desde los auditores a los tribunales, es muy difícil que puede haber de verdad una lucha contra la corrupción.
Bruselas lleva desde 2007 teniendo problemas con el Gobierno húngaro, pero con el paso de los años han ido a más hasta el choque abierto. La UE no dispone de muchas herramientas de presión real, pues su ‘botón nuclear’, el Artículo 7 de los Tratados que puede llevar en última instancia a privar de voto a un Estado Miembro en el Consejo, requiere unanimidad y son palabras mayores. Precisamente para eso se creó este mecanismo usado ahora por primera vez, y que sólo necesita mayoría cualificada. «Obviamente la presión financiera da resultados. Desafortunadamente es el caso ahora, pero es precisamente la intención cuando se adoptó esta regulación, tener una herramienta poderosa para abordar ciertas áreas dentro del objetivo general de evitar deficiencias legales», ha zanjado Hahn en una rueda de prensa.
Fuente EL MUNDO
