lunes, 11 de enero de 2021

 

El salario mínimo en la nueva Constitución de la República


Por Lic. Alejandro Alberto Paulino Vallejo
Albertopaulinovallejo@gmail.com

Desde que se abolió la esclavitud y se lograra por ende que las personas sean acreedoras de derechos labores, el salario mínimo siempre ha sido tema de discordia. Los intereses empresariales, sindicales, políticos y gubernamentales siempre intentarán imponer sus intereses, en desmedro de la clase obrera o trabajadora.

Pese a que no soy economista, sino más bien abogado, no soy un ignorante como para saber de que los precios de los artículos de primera necesidad tienden a la alza, y la canasta familiar oscila en más de 10,000 pesos.

A los profesionales, técnicos y obreros se les debe valorar también por el trabajo realizado y los años de estudios, y si no se les valora, entonces para que se celebra el “Día del Trabajo”, si a la hora de la verdad, los trabajadores no seremos reconocidos, ni salvaguardados en nuestros derechos laborales.

La nueva Constitución de la Republica proclamada el 26 de Enero del año 2010, a diferencia de la anterior, reconoce sobre el salario en su artículo 62, numeral 12, lo siguiente:

“Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad.”

Y si la nueva Carta Sustantiva reconoce y establece que el salario debe ser justo y suficiente, de forma tal que permita vivir con dignidad al trabajador y su familia, entonces, porque no se procede a acatar la Constitución de la Republica.

Todos los medios de comunicación se han hecho eco del debate publico sobre el aumento de sueldo lo cual sirve de presión para que los empresarios recapaciten, pero es al Ministerio de Administracion Publica que le corresponde proteger y luchar por los derechos laborales en el sector publico consagrados en el articulo 62 de la Constitución de la República.

De aprobarse en la Presidencia de la Republica o en el Congreso un salario insuficiente que no permita al trabajador vivir con dignidad, ni mantener bien a su familia, se estará transgrediendo por parte de todos los sectores involucrados (empleadores, gobierno y sindicatos) el referido articulo constitucional y por ende, nuestra nueva Constitución caerá en el vacío o se convertirá otra vez en un pedazo de papel.

 

Wilson Camacho asegura seguirán probando acusación contra seis imputados de corrupción en caso Odebrecht



El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que las declaraciones del testigo Mauricio Dantas Bezerra son el inicio de una serie de elementos que dejarán suficientemente demostrada la acusación contra los seis imputados del caso Odebrecht.

 “Venimos hoy con el ánimo de seguir probando nuestra teoría del caso más allá de toda duda razonable, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, manifestó el procurador adjunto Camacho, tras valorar las declaraciones de Dantas Bezerra, el primer testigo que oferta en el juicio que se sigue a los seis acusados de recibir sobornos de los US$92 millones que la empresa brasileña admitió haber pagado para lograr la adjudicación de obras públicas en el país. 

Al ser cuestionado por periodistas sobre las declaraciones de los abogados de los imputados que le restan méritos al testimonio del brasileño Dantas Bezerra, el magistrado Camacho afirmó que es normal que las defensas pretendan restar importancia a las declaraciones de un testigo que está probando los hechos establecidos en la acusación del Ministerio Público. 

Dijo que Mauricio Dantas Bezerra, quien inició sus declaraciones el pasado viernes, continuará este lunes testificando en el proceso que se celebra en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 

Dantas Bezerra representó a Odebrecht en el acuerdo firmado con el Ministerio Público en 2017, en el que la multinacional se comprometió a pagar US$184 millones por los daños y perjuicios causados al Estado con el pago de sobornos.

Luego  que Dantas Bezerra concluya,  expondrán los testigos Rodrigo Maluf Cardoso, Marcelo Hofke y María Eugenia Batista.  

El Ministerio Público reiteró que cuenta con más de 1,700 pruebas con las que asegura demostrará las imputaciones contra el empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante de Odebrecht en el país; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.  

El órgano a cargo del combate a la corrupción administrativa asegura que los imputados aumentaron sus patrimonios en el período de 2002 a 2017, producto de actividades ilícitas que constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.  

Además del magistrado Camacho, representan al Ministerio Público Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.  

 

La Cámara de Cuentas bajo investigación por indicios de «corrupción administrativa»



Santo Domingo.-El Ministerio Público informó este domingo que amplió las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra la actual Cámara de Cuentas, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.

Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.

“Las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas”, informó la Procuraduría General de la República (PGR) mediante un comunicado.

Las investigaciones que lideran la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas, así como a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la Consultoría Jurídica y la Dirección de Auditoría.

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